La exdiputada del Atlántico Alejandra Moreno advierte sobre el incremento de la violencia contra las mujeres en el departamento y pide fortalecer las rutas de atención, protección y acceso a la justicia. En lo corrido de 2026, organizaciones sociales reportan 65 mujeres asesinadas, una cifra que mantiene encendidas las alertas.
La violencia contra las mujeres continúa siendo una de las principales preocupaciones sociales y de seguridad en el Atlántico. Los asesinatos, las agresiones físicas y sexuales y las dificultades para acceder a una respuesta institucional oportuna evidencian la necesidad de fortalecer los mecanismos de prevención y atención a las víctimas.
Sobre esta problemática se pronunció Alejandra Moreno Astwood, exdiputada del Atlántico y defensora de los derechos de las mujeres, quien durante una entrevista insistió en que las autoridades deben pasar de los pronunciamientos a la implementación de acciones concretas.
El panorama estadístico respalda la preocupación. De acuerdo con cifras divulgadas por la Mesa Amplia de Mujeres del Atlántico, 65 mujeres han sido asesinadas en el departamento durante 2026, con corte al 29 de octubre. Es importante precisar que esta cifra corresponde a homicidios de mujeres y no significa que todos los casos hayan sido tipificados judicialmente como feminicidios.
A nivel nacional, el panorama tampoco es alentador. La Defensoría del Pueblo reportó que, entre el 1 de enero y el 31 de julio de 2026, se registraron 89 feminicidios, 74 tentativas de feminicidio, 16.451 delitos sexuales y 57.860 casos de violencia intrafamiliar contra mujeres.
Para Moreno, uno de los problemas más delicados está en las barreras que encuentran las víctimas cuando deciden denunciar. En muchos casos, las mujeres deben desplazarse entre diferentes instituciones, repetir sus testimonios y esperar respuestas que no siempre llegan con la rapidez que exige una situación de riesgo.
“Las mujeres necesitamos que las instituciones respondan, que existan rutas claras y que cuando una mujer denuncie encuentre protección, acompañamiento y garantías para continuar con su proceso”, es el llamado que plantea la exdiputada.
Rutas de atención: de la denuncia a la protección efectiva
Moreno considera que el Atlántico necesita un Centro Integral de Atención a Víctimas de Violencia de Género y Sexual, que permita concentrar y articular los servicios de las entidades responsables de atender estos casos.
La propuesta busca integrar en un mismo esquema de atención a la Fiscalía, la Policía, Medicina Legal, las comisarías de familia, el sector salud y las entidades de protección, para evitar que las mujeres tengan que recorrer distintas instituciones mientras enfrentan situaciones de vulnerabilidad.
También plantea fortalecer las comisarías de familia, que presentan dificultades de infraestructura, herramientas tecnológicas y disponibilidad de personal. A esto se suma la necesidad de mejorar la capacidad de la Fiscalía Seccional del Atlántico, especialmente en la disponibilidad de fiscales y profesionales de psicología forense.
La atención debe garantizar varios componentes: recepción inmediata de la denuncia, valoración del riesgo, activación de medidas de protección, atención médica y psicológica, asesoría jurídica y seguimiento efectivo de cada caso. No basta con expedir una medida de protección; es indispensable verificar que se cumpla y que la mujer no quede nuevamente expuesta a su agresor.
Otro de los puntos que considera prioritarios es fortalecer la Policía Púrpura, tanto en capacidad operativa como en herramientas para prevenir y atender las violencias basadas en género.
Un llamado a la Gobernación
La exdiputada también propone crear un observatorio departamental del delito que permita consolidar información sobre las diferentes formas de violencia contra las mujeres, identificar zonas de mayor riesgo y evaluar la efectividad de las medidas institucionales.
Para Moreno, la respuesta no puede limitarse a reaccionar después de que ocurre un asesinato. Se requiere coordinación entre la Gobernación, las alcaldías, la Fiscalía, la Policía y las organizaciones sociales, con presupuesto, personal capacitado y mecanismos de seguimiento.
Su llamado es que el Atlántico se convierta en un territorio piloto para una estrategia integral de prevención, protección, atención y acceso a la justicia.
La discusión, insiste, debe centrarse en garantizar que ninguna mujer que solicite ayuda encuentre puertas cerradas, trámites interminables o instituciones que trasladen sus responsabilidades a otras dependencias.
La violencia contra las mujeres exige una respuesta institucional permanente. Más allá de las cifras, el desafío para el departamento es lograr que las rutas de atención funcionen a tiempo, que las medidas de protección sean efectivas y que denunciar no se convierta en una nueva experiencia de revictimización.
