El ministro de Justicia, Iván Cancino, anunció que el Ejecutivo trabaja en un inventario de activos estatales que podrían venderse para obtener recursos destinados a nuevos establecimientos penitenciarios. La iniciativa hace parte del proyecto de construcción de diez megacárceles en Colombia.
El Gobierno nacional avanza en la estructuración de un plan para financiar la construcción de diez megacárceles en el país. La estrategia contempla utilizar los recursos que se obtengan de la venta de bienes improductivos de la Nación, una alternativa con la que el Ejecutivo busca conseguir financiación para ampliar la infraestructura penitenciaria.
El anuncio fue realizado por el ministro de Justicia, Iván Cancino, quien explicó que actualmente se trabaja en la elaboración de un inventario de activos estatales que podrían entrar en un eventual proceso de venta. La propuesta busca convertir esos bienes en una fuente de recursos para desarrollar los nuevos centros de reclusión.
La propuesta se conoce en medio de las dificultades presupuestales que enfrenta el sistema penitenciario y carcelario colombiano, así como de la necesidad de aumentar los cupos para personas privadas de la libertad. De acuerdo con cifras expuestas por el director del Inpec, coronel Daniel Gutiérrez, el país requiere más de 40.000 nuevos cupos en los establecimientos de reclusión.
Un modelo de financiación en construcción
Además de la venta de activos improductivos, el Gobierno estudia mecanismos de participación del sector privado para desarrollar la infraestructura. Entre las alternativas que se han mencionado están las asociaciones público-privadas (APP), que permitirían vincular capital privado a la construcción de los establecimientos y reducir la presión inmediata sobre el presupuesto público.
El proyecto también contempla ajustes normativos para distribuir las responsabilidades financieras entre la Nación y las entidades territoriales. En ese sentido, el Ejecutivo plantea incorporar el componente penitenciario territorial a la Ley de Competencias y a la discusión sobre la reforma al Sistema General de Participaciones.
La discusión ha llegado al Congreso, donde varios representantes han pedido claridad sobre el origen de los recursos, el alcance de las concesiones y los compromisos presupuestales que asumiría el Estado para garantizar tanto la construcción como el funcionamiento de las nuevas cárceles.
El reto de pasar del anuncio a la ejecución
La construcción de las diez megacárceles hace parte de la estrategia de seguridad del presidente Abelardo De la Espriella, que busca contar con centros de máxima seguridad para recluir a personas consideradas de alta peligrosidad y evitar que continúen coordinando actividades criminales desde los establecimientos penitenciarios.
Sin embargo, el proyecto todavía enfrenta desafíos relacionados con la identificación de terrenos, los estudios técnicos, las licencias, la disponibilidad de servicios públicos y la definición de los costos de construcción y operación.
Por ahora, la venta de bienes improductivos aparece como una de las principales fuentes de financiación anunciadas por el Gobierno, aunque todavía está pendiente conocer el inventario definitivo de activos, cuánto dinero podría obtenerse y qué proporción de la inversión total cubriría esta alternativa.
