Honorio Henríquez respaldó la decisión del presidente Abelardo De la Espriella de retirar el IVA a los productos de la canasta familiar, pero advirtió que el proyecto de Ley de Rescate Económico necesita nuevos ajustes para proteger el bolsillo de los colombianos.
El presidente del Senado de la República, Honorio Henríquez, se pronunció sobre el trámite de la reforma tributaria presentada por el Gobierno nacional, denominada Ley de Rescate Económico, y aseguró que, aunque existe disposición del Congreso para contribuir a la solución de la crisis fiscal del país, la iniciativa deberá someterse a una revisión rigurosa antes de su aprobación.
El congresista del Centro Democrático destacó el anuncio del presidente Abelardo De la Espriella, quien el pasado 15 de noviembre confirmó que su Gobierno no impondrá IVA a los productos de la canasta familiar ni promoverá nuevas cargas tributarias sobre el sector agropecuario.
Henríquez consideró que esta decisión genera tranquilidad entre las diferentes bancadas, teniendo en cuenta las preocupaciones que había despertado la propuesta inicial de ampliar la cobertura del impuesto del 19 % a determinados alimentos.
“Nos causa tranquilidad las expresiones del presidente de la República, donde anuncia que no se afectará la canasta familiar. Esperamos que así sea, pero también queremos hablar con toda la franqueza con el Gobierno y decirles que queremos una ley que ordene las finanzas de la Nación, que exija austeridad del Estado y que proteja el bolsillo de todas las familias colombianas”, manifestó.
Sin embargo, el presidente del Senado advirtió que el retiro de este impuesto no significa que la iniciativa tenga garantizado el respaldo del Congreso. Por el contrario, sostuvo que todavía existen aspectos que deben revisarse, especialmente aquellos que podrían generar impactos económicos sobre la clase media, los pequeños comerciantes y los sectores productivos.
Más ajustes a la propuesta del Gobierno
Entre las principales preocupaciones mencionadas por Henríquez se encuentran los posibles efectos de las medidas tributarias sobre el café, la cerveza, las tiendas de barrio, los servicios de medicina y el campo colombiano.
En ese sentido, anunció que el Centro Democrático conformó una subcomisión de congresistas que, junto con expertos, viene estudiando alternativas para presentar al Gobierno nacional y contribuir a la construcción de una propuesta que permita atender el déficit fiscal sin trasladar la carga económica a los hogares.
“Hay que quitarle más cosas a esa ley. Insistimos en la reducción del Estado y en la austeridad. No se trata solamente de revisar los impuestos, sino de ajustar el gasto público y buscar alternativas que permitan recuperar las finanzas de la Nación”, expresó.
El dirigente político también confirmó que entre el 18 y el 19 de noviembre su colectividad dará a conocer una propuesta con alternativas para modificar algunos componentes de la iniciativa gubernamental.
El Congreso pide independencia en el debate
Henríquez insistió en que el Congreso tiene la responsabilidad de estudiar la reforma con independencia, evaluar sus consecuencias y proponer modificaciones que garanticen la sostenibilidad de las finanzas públicas.
En ese sentido, dejó claro que el respaldo a la búsqueda de soluciones económicas no representa una aprobación automática de las medidas planteadas por el Ejecutivo.
“Nuestro deber no es otorgarle al Gobierno un cheque en blanco ni aplazar las decisiones difíciles. Nuestro deber es liderar con independencia la construcción de una reforma fiscal que le dé sostenibilidad al país”, puntualizó.
El pronunciamiento se produjo después del primer encuentro entre el equipo económico del Ministerio de Hacienda y los coordinadores y ponentes del proyecto, en el que comenzaron las conversaciones para construir consensos alrededor de la Ley de Rescate Económico.
De acuerdo con el cronograma presentado por el Gobierno, se espera que la iniciativa llegue a primer debate en las comisiones económicas entre el 1 y el 2 de diciembre, en medio de una discusión que tendrá como ejes el recaudo, la reducción del gasto público y la protección de la economía de los hogares colombianos.


