El liquidador de la entidad, John Milton Rodríguez, presentó ante el Congreso un balance del proceso de liquidación. El Gobierno asegura que ha recuperado $233.700 millones y trabaja en el traslado de algunos programas a otras carteras ministeriales.
El proceso de liquidación del Ministerio de Igualdad y Equidad continúa avanzando. El Gobierno del presidente Abelardo De la Espriella puso en marcha una reorganización administrativa que contempla la eliminación de cientos de cargos, la revisión de contratos y la redistribución de programas sociales que anteriormente estaban bajo la responsabilidad de esta cartera.
El más reciente balance fue presentado por el liquidador de la entidad, John Milton Rodríguez, durante un debate de control político en el Congreso, donde informó que se han suprimido 467 cargos y se adelantan 11 procesos de reorganización de programas, además de la revisión de tres fondos adscritos al Ministerio.
Según Rodríguez, a su llegada, el pasado 19 de agosto, encontró una entidad que no estaba preparada para afrontar el proceso de liquidación, con una estructura administrativa que incluía cinco viceministerios, 42 dependencias y 744 cargos por proveer.
El funcionario también cuestionó el funcionamiento de FonIgualdad, donde, según explicó, se encontraron más de 1.000 órdenes de prestación de servicios y mecanismos de contratación que requieren revisión.
“Me he encontrado seguramente muy buenas intenciones; la necesidad de atender las comunidades históricamente desatendidas. Sin embargo, en lo que me he encontrado, no se hizo todo en su debido orden”, manifestó el liquidador durante su intervención.
Gobierno reporta recuperación de $233.700 millones
Uno de los principales argumentos de la administración nacional para justificar el desmonte de la entidad está relacionado con la reducción del gasto público.
De acuerdo con el balance presentado por Rodríguez, las medidas adoptadas han permitido recuperar o generar ahorros por $233.700 millones. De ese monto, $100.700 millones corresponden a recursos devueltos al Ministerio de Hacienda; $70.600 millones a ahorros derivados de la eliminación de cargos; $60.000 millones a recortes en FonIgualdad y $2.400 millones a eficiencias administrativas.
A estas medidas se suma la supresión de los cuatro viceministerios que permanecían en la estructura de la entidad y el inicio de una auditoría integral sobre las obligaciones presupuestales, los contratos y los compromisos laborales.
El Ejecutivo también informó que durante las primeras revisiones se identificaron posibles irregularidades en la contratación, por lo que anunció la presentación de denuncias ante los organismos de control.
¿Qué pasará con los programas sociales?
Uno de los principales interrogantes que deja la desaparición del Ministerio es el futuro de los programas dirigidos a mujeres, jóvenes y comunidades históricamente vulnerables.
Frente a este panorama, el liquidador explicó que la reorganización permitirá pasar de 24 programas que consideró dispersos a 11 iniciativas focalizadas, algunas de las cuales serán trasladadas a otras entidades del Estado.
Entre los casos mencionados está el programa ‘No es hora de callar’, que tendría continuidad bajo la responsabilidad del Ministerio del Interior, así como la línea Salvia, orientada a la atención de mujeres víctimas de violencias.
Por su parte, el fondo Somos Pacífico tendría como posible destino el Ministerio de Vivienda. Sin embargo, la continuidad de estas iniciativas depende de los procedimientos administrativos y de la disponibilidad de recursos para garantizar su funcionamiento.
Un proceso que tiene origen en un fallo de la Corte Constitucional
La liquidación del Ministerio de Igualdad tiene como antecedente la Sentencia C-161 de 2024 de la Corte Constitucional, que declaró inexequible la Ley 2281 de 2023, mediante la cual se había creado la entidad, debido a problemas relacionados con el trámite legislativo y el aval fiscal.
Tras no concretarse una solución legislativa que permitiera mantener su funcionamiento, el Gobierno expidió el Decreto 626 de 2026, que ordenó formalmente su liquidación y estableció un plazo inicial de un año para completar el procedimiento.
Mientras avanza el proceso, la entidad no podrá iniciar nuevas actividades misionales y conservará su capacidad jurídica para atender las obligaciones pendientes y desarrollar las actuaciones necesarias para su cierre.
La desaparición del Ministerio abre ahora un debate sobre el futuro de la institucionalidad encargada de atender las brechas sociales y poblacionales en Colombia. Mientras el Gobierno defiende la reducción de la estructura burocrática y la recuperación de recursos públicos, el reto será garantizar que las poblaciones que dependían de sus programas no pierdan la atención institucional.


