Durante la rendición de cuentas que hizo el personero Miguel Ángel Álzate de la vigencia 2.021, el funcionario señaló que la entidad recibió 1.312 quejas de las cuales 1.016 correspondieron al pésimo servicio de la empresa de energía Air-e y al incremento injustificado de sus tarifas.
También explicó que de las 1.016 quejas en contra de Air-e, 365 están relacionadas específicamente con las alzas en las tarifas de energía.
Las otras reclamaciones recibidas en contra de Air-e se debieron a la instalación de medidores inteligentes, los cobros de deudas con Electricaribe, la antigua empresa prestadora de energía, y los constantes cortes o suspensión del fluido eléctrico.
El representante del Ministerio Público sostuvo que, aunque se debe destacar que sí ha habido mejoras en el servicio de energía, los usuarios no deberían ser quienes paguen los costos excesivos.
“Somos testigos de que los usuarios están desesperados por todo lo que están padeciendo con la empresa Air-e por eso nosotros acudimos con celeridad hacia la empresa para que atiendan las quejas ciudadanas. De no darse una revisión inmediata de la queja, la presentamos ante la Superintendencia de Servicios Públicos”, señaló.
Agregó que: “Creemos que los generadores, los comercializadores y el Gobierno nacional son quienes deben asumir los altos costos de las tarifas en nuestra ciudad”.
Extendió, además, la invitación a los barranquilleros a depositar su confianza en la Personería, la cual “está dispuesta a escuchar y ayudar a solucionar los problemas frente a temas de energía, con el objetivo de que hayan mejoras y los usuarios paguen el precio justo”.
Gestión de la Personería
“Nuestro equipo brindó acompañamiento y asesorías a todas las personas que lo necesitaron, en cada problemática donde sus derechos fueron vulnerables”, dijo Álzate.
El personero Miguel Ángel Álzate sostuvo que, durante el 2021, la dependencia trabajó por los derechos humanos de 18.174 personas, las cuales recibieron el respaldo del Ministerio Público durante la pandemia.
También resaltó que, en cuanto a los trámites para normalizar la situación legal, se atendieron 1.820 migrantes con la realización de dos jornadas de atención y la firma de la carta de entendimiento con Acnur.
En cuanto a las diligencias judiciales, policivas y administrativas, indicó que garantizaron el debido proceso de 595 casos.
“Acompañamos el estallido social como garantes del derecho a la protesta, en 60 de ellas. Hicimos presencia en los puestos de mando unificado, en las revisiones del armamento del Esmad y dentro de las marchas”, añadió.
Miguel Ángel Álzate sostuvo que también trabajaron en la vigilancia de más de 30 eventos masivos.
