La gerente del canal regional de televisión Telecaribe, Mabel Moscote, rompió su silencio y defendió el proceso de contratación que está a su cargo en la mencionada entidad.
Enfatizó que le entregará toda la documentación a la Procuraduría General, que le abrió una investigación.
La funcionaria se mantiene en su cargo porque la junta directiva terminó convencida con el informe de gestión que presentó ayer.
“Realizamos una reunión de la junta directiva de Telecaribe y allí presenté un informe de gestión muy completo y detallado de lo que he venido haciendo a lo largo de mi administración. Eso generó algunas inquietudes que estaremos dilucidando en una próxima junta ordinaria con sus miembros”, señaló.
Enfatizó que “en el canal se están haciendo las cosas de manera ordenada y legal. Nosotros estamos cumpliendo con todos los requerimientos de ley. Las críticas que han surgido de las convocatorias que hacemos provienen de sectores que lamentablemente no han cumplido con los requisitos para acceder a los recursos limitados con los que contamos”.
“En Telecaribe estamos haciendo una labor transparente. Hemos tratado de incluir a todos los productores para que den a conocer sus proyectos y es tan transparente que algunos productores, que han sido muy críticos desde el principio, han podido acceder a estas convocatorias porque sencillamente responden a los requisitos como plantear un buen proyecto, una temática coherente y el canal no tiene más que adjudicarle y asignarles los recursos. Eso da claridad para que todos reconozcan que se ha hecho una administración transparente”, agregó.
Indicó que: “Somos muy objetivos al asignar esos recursos y escoger nuestros proponentes y nuestros productores. Queremos darles participación a todos los productores de la región y eso es lo que hemos venido haciendo”.
Con respecto a la investigación que abrió la Procuraduría sobre el hecho de que al parecer funcionarios de Telecaribe están pidiendo entre el 25 y 40% a los productores que se prestan para “el juego sucio”, la gerente de Telecaribe afirmó que: “Cualquier ciudadano puede poner una queja ante la procuraduría y este ente de control está obligado a investigar, pero nosotros estamos abiertos a responder toda las observaciones y dudas que tenga la Procuraduría. No tenemos ninguna duda ni ningún temor acerca de lo que estamos haciendo en el canal”.
Moscote aclaró sobre el rating del canal de Telecaribe que de acuerdo con estudios realizados por empresas especializadas contratadas por el Ministerio de las Tics dan cuenta de que el canal “está en un lugar de privilegio porque somos el canal regional más visto en Colombia y que del ranking de los diez programas más vistos, seis son de Telecaribe. Todo demuestra que Telecaribe está haciendo las cosas bien con producciones de calidad para su audiencia”
Lo que investiga la Procuraduría
La Procuraduría General de la Nación abrió investigación contra la gerente del Canal Regional Telecaribe, Mabel Moscote, por presuntas irregularidades en adjudicación de proyectos.
Específicamente, el Ministerio Público puso la lupa sobre la convocatoria 004 prevista para adelantar un proceso licitatorio.
“El ente de control investiga posibles hechos denunciados a través de un medio de comunicación que informó que ‘próximamente se destapará escándalo de corrupción en el Canal Público de TV de la costa Atlántica (…) para adjudicar los proyectos”, dice la Procuraduría.
Al parecer, funcionarios de Telecaribe están pidiendo entre el 25 y 40% a los productores que se prestan para “el juego sucio”.
De modo que, la Procuraduría Regional de Instrucción de Atlántico aseguró que verificará si la funcionaria cumplió con la finalidad de la actuación administrativa bajo la premisa del interés general.
La cual establece que: “Cuando los servidores públicos intervienen en un proceso de contratación deben hacerlo con estricto cumplimiento a las normas que lo regulan”.
El ente de control ordenó la práctica de pruebas, con el fin de establecer la ocurrencia de conductas presuntamente irregulares y las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las que se cometieron y así lograr determinar si constituyen faltas disciplinarias, y el posible perjuicio causado.
