La Comisión Quinta del Senado reunió al Gobierno nacional, empresas del sector y autoridades regionales para discutir las altas tarifas, la situación financiera de Air-e y Afinia y los riesgos de abastecimiento. Entre los anuncios se encuentra la creación de un observatorio para hacer seguimiento a los acuerdos.
La crisis energética que enfrenta la región Caribe volvió a ocupar el centro de la discusión nacional. Durante la Audiencia Nacional de Equilibrio Energético, realizada este jueves 22 de octubre en Barranquilla, representantes del Gobierno, congresistas, empresas prestadoras del servicio y autoridades regionales expusieron sus preocupaciones y plantearon medidas para garantizar la continuidad del suministro eléctrico y la estabilidad financiera del sector.
El encuentro, convocado por la Comisión Quinta del Senado en el Cubo de Cristal de la Plaza de la Paz, tuvo como uno de sus principales resultados el anuncio de un observatorio que permitirá hacer seguimiento a los compromisos adquiridos. La iniciativa será impulsada junto con la Región Administrativa y de Planificación (RAP) Caribe, con participación de empresas, gremios, entidades gubernamentales y organismos de control.
Uno de los anuncios centrales estuvo relacionado con la generación térmica. El Ministerio de Minas y Energía planteó avanzar en la disposición de $1,5 billones para respaldar esta actividad y reducir la exposición de las plantas generadoras a las fluctuaciones del mercado de bolsa. La ministra María Nohemí Arboleda también destacó la importancia de asegurar el abastecimiento de combustibles para responder a las necesidades del sistema eléctrico.
El abastecimiento de gas natural fue otro de los asuntos abordados. El Gobierno anunció que impulsará ajustes regulatorios y proyectos de exploración a través de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), con el propósito de fortalecer la producción nacional y reducir la dependencia de las importaciones. También se planteó revisar las barreras que han retrasado proyectos solares y trabajar con la Unidad de Planeación Minero Energética (UPME) para identificar nuevos puntos de conexión a la red eléctrica.
Air-e y Afinia advierten sobre su situación financiera
La situación financiera de las empresas que prestan el servicio en la región fue uno de los puntos más sensibles de la audiencia. Ramiro Castilla Andrade, agente interventor de Air-e, aseguró que las pérdidas asociadas al robo de energía alcanzan aproximadamente $170.000 millones mensuales. Según explicó, la compañía registra pérdidas del 32 % y recauda alrededor del 72 % de la energía que vende, una situación que presiona sus finanzas y limita su capacidad de inversión.
El funcionario también señaló que Air-e identifica necesidades de inversión por $3,8 billones para recuperar y fortalecer sus redes. Entre las alternativas mencionadas para avanzar hacia una solución estructural figuran mecanismos de financiación, inversiones en infraestructura, mejoras en la gestión comercial y acciones para normalizar los sectores eléctricamente subnormales.
Por su parte, Ricardo Arango Restrepo, gerente general de Afinia, advirtió sobre las dificultades de liquidez de la empresa. Según expuso durante la jornada, la compañía necesita $800.000 millones para garantizar su operación hasta el 31 de diciembre. El directivo alertó sobre las consecuencias que tendría un eventual incumplimiento de pagos para la cadena de suministro eléctrico.
Subsidios y tarifas, en el centro del debate
Los recursos destinados a los subsidios de energía y gas también generaron preocupación entre los congresistas. Durante la audiencia se discutió la disponibilidad presupuestal para 2027 y la necesidad de garantizar que los hogares de menores ingresos puedan acceder al servicio.
El senador Juan Espinal anunció que propondría aumentar de $1,2 billones a entre $2 billones y $2,5 billones los recursos contemplados en una iniciativa legislativa relacionada con la destinación de partidas del presupuesto vigente. El congresista planteó que parte de esos recursos se utilice para atender las necesidades financieras de Air-e y Afinia.
Las medidas que establecen cobros adicionales a los usuarios que superan sus metas de consumo también fueron cuestionadas. Los congresistas señalaron la necesidad de considerar las altas temperaturas del Caribe y las condiciones particulares de los hogares y sectores productivos de la región al momento de aplicar mecanismos de ahorro energético.
El gobernador del Atlántico, Eduardo Verano, advirtió sobre las consecuencias económicas que tendría un eventual racionamiento eléctrico y pidió avanzar en soluciones que permitan superar las dificultades actuales. La discusión dejó en evidencia que el problema no se limita al costo de las facturas, sino que también involucra la capacidad de generación, la infraestructura de distribución, el abastecimiento de combustibles y la sostenibilidad financiera de las empresas.
Con la creación del observatorio, los promotores de la audiencia buscan que los anuncios se traduzcan en acciones verificables. El reto será establecer responsables, plazos y mecanismos de seguimiento que permitan determinar cuáles compromisos avanzan y qué recursos se requieren para cumplirlos.
Para la región Caribe, donde las tarifas y la continuidad del servicio siguen siendo motivo de preocupación para hogares y empresas, la audiencia representa un nuevo espacio de concertación. Sin embargo, el impacto de la jornada dependerá de la ejecución de las medidas anunciadas y de su capacidad para mejorar las condiciones del sistema energético y aliviar las dificultades que enfrentan los usuarios.
