La invasión del ejército ruso a Ucrania está tomando otro rumbo ante esta decisión.
La Corte Penal Internacional (CPI) había iniciado meses atrás una investigación sobre las acciones del presidente Vladimir Putin en la guerra contra Ucrania a petición de 39 países.
Varios países aliados, la Unión Europea y la Unión Africana, se habían alineado para condenar al presidente ruso por esta invasión y al parecer las denuncias dieron fruto.
La CPI emitió una orden de detención contra el mandatario ruso por cometer crímenes de guerra en Ucrania. El delito por el que se culpa es la deportación de niños en zonas de Ucrania ocupadas por Rusia.
También emitió una orden de detención por el mismo motivo, considerado como un crimen de guerra, contra Maria Alekseyevna Lvova-Belova, comisaria presidencial para los Derechos de la Infancia en Rusia, precisó el tribunal con sede en La Haya en un comunicado.
La corte entiende “motivos razonables” para creer que Putin “tiene responsabilidad penal individual” por estos delitos, bien por su comisión “directa” o por haber sido incapaz de “ejercer un control adecuado sobre los subordinados civiles y militares que cometieron los actos”.
Al emitir la CPI esta orden de detención contra Putin, el mandatario no podrá viajar a los 123 Estados que forman parte de la CPI por el temor a ser detenido; otros Estados también podrían decidir entregarlo.
Eso sí, la orden de detención no es una garantía de condena y la historia confirma que es difícil vincular directamente a un jefe de Estado en funciones con delitos cometidos por las fuerzas armadas sobre el terreno.
La presidencia ucraniana celebró este viernes la emisión de una orden de detención contra el presidente ruso Vladimir Putin por parte de la Corte Penal Internacional, que lo presume responsable de la deportación de niños en zonas de Ucrania ocupadas por Rusia.
“Es solo el inicio”, celebró el jefe de la administración presidencial, Andrii Yermak, en Telegram, mientras que la fiscalía ucraniana ensalzó una “decisión histórica”.
Por otro lado, desde el Kremlin se ha desmentido de manera constante que el presidente ruso esté deportando a niños ucranianos por la fuerza frente a las acusaciones vertidas por Kiev y sus aliados. Eso sí, un reciente estudio presentado en febrero por la Universidad de Yale denunció al menos 6.000 niños ucranianos repartidos en 40 internados rusos.
También el gobierno ruso se mostró en contra de la decisión de la CPI contra su mandatario. “Las decisiones de la Corte Penal Internacional son carentes de sentido para nuestro país, incluso desde un punto de vista jurídico”, escribió en Telegram la portavoz de la diplomacia rusa, Maria Zajarova, sin mencionar expresamente a Putin en el mensaje.
La posibilidad de que la CPI acabe juzgando a Putin es prácticamente imposible por varios motivos: la corte no puede atender casos in absentia del acusado, ya que Rusia se retiró en 2016 del Estatuto de Roma, el cual sirve como cimiento legal para el tribunal, y el Kremlin no tiene la más mínima intención de entregar a ningún oficial ruso a la corte, como ya lo ha reiterado en numerosas ocasiones.
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