La circular emitida por el Departamento Administrativo de la Función Pública y la Escuela Superior de Administración Pública (ESAP), con respecto al Plan de Formalización de Empleo Público, que obliga a poner en ejecución el mencionado plan a partir de abril tiene a más de uno muy preocupado ya que el plazo otorgado para su implementación es muy corto.
Uno de los profesionales que planteó un mayor plazo fue el abogado José Castilla, quien indicó que lo mejor es otorgarles a los gobernantes al menos un año de transición para avanzar en la formalización laboral y así evitar la parálisis de la administración pública.
El especialista del Derecho dijo que ve con buenos ojos la circular mencionada, que fue una promesa de campaña del hoy presidente Gustavo Petro porque las condiciones de trabajo de quienes trabajan por Ordenes de Prestación de Servicios, OPS, son paupérrimas y humillantes. “Las entidades del Estado abusan de estos empleados que se esfuerza por entregar lo mejor de ellos”, dijo.
Señaló que hay un choque de trenes. “La ministra de Trabajo no está de acuerdo con la última circular aclaratoria que hacen los directivos del Departamento Administrativo de la Función Pública y de la Escuela Superior de Administración Pública (ESAP) señalando que los contratos pueden estar vigentes hasta el 31 de diciembre de este año para que las entidades realicen los estudios pertinentes y busquen los recursos que no lo tienen”, indicó.
Agregó que: “este proceso implica una ampliación de las plantas y eso amerita que se deba presupuestar los pagos de las prestaciones sociales. Creo que el presidente Gustavo Petro debe expedir un decreto donde queden consignados los lineamientos porque la ministra es la que ha venido llevando la batuta frente al tema”.
El experto en Derecho Laboral explicó que mediante la mencionada circular se le está dando aplicación al artículo 21 de la Ley 909 de 2004 que señala los lineamientos para estructurar las plantas temporales y que indica los tiempos de nombramientos. “La misma ley establece que lo primero que debe hacer la entidad es llamar a la Comisión Nacional para que escojan el personal de las listas de elegibles que tienen para ocupar esos cargos. En caso tal de que no exista lista de elegibles, la entidad debe revisar las hojas de vida de las personas que están en carrera administrativa”.
Lo que dice la Mintrabajo
Los contratos por prestación de servicio han creado una discusión importante alrededor de los derechos laborales en Colombia, ya que según estudios, al menos un millón de personas en el país se encuentran trabajando bajo esta modalidad.
Incluso, el presidente Gustavo Petro aseguró en el 2022 que, una de las prioridades sería la eliminación de esta figura en los primeros meses de año en curso. Sin embargo, la ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, aclaró mediante una carta que le envió a Secretaría Jurídica de Presidencia que esto no se podría ejecutar en el tiempo que se estipuló inicialmente, incluso, aseguró que no existe viabilidad presupuestal.
En la misiva enviada por la cartera de Trabajo, donde se hacen varias recomendaciones en un apartado, se advierte que teniendo en cuenta que el Ministerio de Hacienda ya asignó un presupuesto para este año, la meta puesta por el Gobierno referente a la modificación de este tipo de contratos es “imposible de ejecutar”.
“Se observa que la expedición de la circular no contó con la previa articulación que las normas imponen y, por lo mismo, dar por sentado que los estudios de cargas laborales necesarios para adelantar el proceso de formalización laboral puedan ser realizados en cuatro meses y sin las apropiaciones presupuestales correspondientes, por cuanto el trámite de asignación de recursos de inversión y funcionamiento en el marco de los proyectos de inversión de las entidades públicas ya se surtió y se cerró ante el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, no solo dificulta la gestión administrativa (…) Sino también imponen una carga imposible de ejecutar”, se lee en el documento.
Lo que dice Fedemunicipios
En un comunicado, la Federación Colombiana de Municipios, en nombre de los alcaldes del país, expresó su preocupación sobre los lineamientos expuestos en la circular conjunta 100-005-2022, emitida por el Departamento Administrativo de la Función Pública y la Escuela Superior de Administración Pública (ESAP), con respecto al Plan de Formalización de Empleo Público. Por ello pidió al Gobierno no aplicar la medida a partir de abril sino extender el plazo.
“Si bien Fedemunicipios acompaña el propósito de política referente a la formalización laboral dentro del sector público, ya que, sin duda, las autoridades deben ser las primeras en generar condiciones de trabajo dignas para los colombianos y colombianas, en una carta enviada el día de hoy al presidente de la República, Gustavo Petro, argumenta las inquietudes de los mandatarios locales con respecto a lo enunciado en la circular emitida”.
Explicó Fedemunicipios que desde la expedición de la Ley 617 de 2000, junto con otras normas, se ha establecido un marco de disciplina territorial que ha sido abordado a partir de la reestructuración de las plantas de trabajo local.
Por ello, advirtió esta Federación que “obligar a las administraciones locales a adelantar procesos de reestructuración administrativa en tan solo 4 meses de plazo, pone de presente que la gran mayoría de municipios (en especial 1.033 municipios de categorías 4, 5 y 6) no tienen los recursos para financiar los estudios de planta que la ley exige en estos casos”.
Añadió que con el objeto de cumplir con los propósitos de sostenibilidad de la deuda y generación de ahorro corriente, los municipios han terminado por ajustar sus plantas de colaboradores a una mínima expresión.
