Los alcaldes de los municipios del Atlántico reconocieron que no cuentan con recursos financieros para mantener sus comisarías de familia y muchas veces tienen que aportar de sus ingresos personales para la realización de actividades de estas.
Así quedó registrado en una reunión en la que participaron funcionarias del Ministerio de Justicia y del Derecho con los mandatarios.
Uno de los que se pronunció fue el alcalde de Luruaco, Ameth Juan Hanna, quien afirmó que: “Nosotros venimos a escuchar a las funcionarias del Ministerio de Justicia y del Derecho para articular un trabajo, pero hemos entendido que toda la problemática radica en articular una problemática que se refiere a dinero. Somos un municipio de muy pocos recursos y hoy se hacen unas exigencias que la ley así lo establece que para nosotros es difícil de cumplir. Las cosas no se están dando por la incapacidad financiera que presentamos como municipio”.
Agregó que: “No tenemos la capacidad financiera para sostener una comisaría durante las 24 horas porque eso encarecería los costos al municipio y en estos momentos tenemos limitaciones económicas para cubrir esas necesidades”.
Por su parte el alcalde de Galapa, Fabián Alberto Bonett Berdugo, dijo que: “Todo el departamento sabe que los municipios tienen una limitante de recursos, pero también sabemos que como alcaldes tenemos ciertas obligaciones, las cuales se están cumpliendo sin contar con las herramientas necesarias. Lo importante es garantizarles los derechos a las personas que se presentan en las comisarías independientemente se tengan o no las herramientas. Necesitamos más ayuda del Ministerio de Justicia y del Departamento, una prueba es que de las 20 propuestas que se hicieron para abrir casas refugio, solamente se seleccionaron cuatro”.
ESTAMPILLA MUNICIPAL
Hay que señalar que a pesar de que los municipios no cuentan con recursos para sostener sus comisarías de familia solo seis han creado la estampilla municipal para la justicia familiar. Estos son: Campo de la Cruz, Repelón, Baranoa, Juan de Acosta, Soledad y Palmar de Varela.
Carolina Pilar Mojica, funcionaria del Ministerio de Justicia y del Derecho, dijo que la falta de voluntad política de los concejos municipales es una de las causas de ese poco interés en el tema.
“Realizamos una reunión con los alcaldes y alcaldesas sobre la implementación de la Ley 2126 de 2021, que regula la creación, conformación y funcionamiento de las comisarías de familia. En este espacio buscamos que los alcaldes se comprometan a desarrollar las acciones que señala la mencionada norma. Uno de los aspectos que toca la ley es el sostenimiento financiero y de infraestructura de las comisarías de familia a la que están obligados los alcaldes”, dijo la funcionaria.
Indicó que en el encuentro los mandatarios municipales reconocieron las dificultades para implementar las comisarías frente a las formas de financiación. De igual forma mostraron inquietudes sobre la conformación de los equipos de trabajo y su forma de vinculación y lo relacionado con el horario de funcionamiento de dichas comisarías durante las 24 horas.
“Si bien hay dificultades para la financiación de las comisarías, la ley establece la estampilla para la justicia familiar del nivel municipal, la estampilla para la justicia familia del nivel departamental, la cual no se ha creado en el Atlántico, los recursos propios y la financiación en entidades del orden nacional”, indicó la funcionaria.
Por último, María Lourdes Dávila, secretaria de la Mujer y Equidad de Género, afirmó que “lo que pudimos visibilizar en la reunión es el compromiso de los alcaldes y alcaldesas en apropiarse en este tema de las comisarías de familia contando con el importante aporte de las delegadas del Ministerio de Justicia y de Derecho. En el encuentro expusimos las necesidades judiciales, financiera e interdisciplinarias de las comisarias buscando que las comisarias sean cada vez más eficientes para subsanar muchas de las necesidades que hoy en día tienen las comisarias tanto en infraestructura como en recursos humanos”.
QUÉ SON
De acuerdo con la Ley 2126 de 2021, las comisarías de familia son las dependencias o entidades encargadas de brindar atención especializada e interdisciplinaria para prevenir, proteger, restablecer, reparar y garantizar los derechos de quienes estén en riesgo, sean o hayan sido víctimas de violencia por razones de género en el contexto familiar y/o víctimas de otras violencias en el contexto familiar.
Las comisarías de familia deben orientar su actuación conforme a los parámetros constitucionales e internacionales en materia de una efectiva protección y garantía de los derechos humanos de las personas usuarias de sus servicios. Ningún trámite puede dar lugar a la revictimización de las personas afectadas por violencia en el contexto familiar. Todo el personal de las comisarías de familia deberá abstenerse de incurrir en cualquier acto, práctica u omisión frente a cualquier tipo de violencia. Además, toda actuación de los funcionarios deberá regirse por el principio de acción sin daño.
Las actuaciones de las comisarías de familia deben constituir una respuesta inmediata en materia de protección y garantía de los derechos de quienes están en riesgo o son víctimas de violencia en el contexto familiar.
El actuar de las comisarías de familia no habrá de inclinarse intencionadamente para favorecer o perjudicar a alguna de las partes, o hacia uno de los aspectos en debate, ni podrá estar influenciada por sesgos, prejuicios o estereotipos. Se debe garantizar el debido proceso.
