El Gobierno nacional, a través de un esquema de seguridad activo, hoy protege al 100 % de los candidatos presidenciales, incluso desde antes de su inscripción.
Bogotá, 13 de abril de 2026 (@MinInterior). Desde el pasado 19 de junio de 2025 se activó un amplio dispositivo para blindar el proceso electoral, que hoy cubre al 100 % de los candidatos presidenciales y sus fórmulas vicepresidenciales, en medio del desarrollo de la contienda.
La estrategia, liderada por el ministro del Interior, Armando Benedetti, en su calidad de presidente de la Comisión Nacional para la Coordinación y Seguimiento de los Procesos Electorales, puso en marcha el Centro de Reacción y Monitoreo de los Procesos Electorales (CORMPE), con un enfoque preventivo que rompe con los esquemas tradicionales de protección.
El movimiento más significativo fue la decisión de evaluar y proteger a los precandidatos antes de su inscripción, una medida que responde al complejo panorama de seguridad y a la necesidad de garantizar condiciones reales de participación democrática.
“Lo hicimos en un hecho sin precedentes: antes de la inscripción de candidatos, evaluando y adoptando medidas de protección incluso para precandidatos”, afirmó el jefe de la cartera política.
De cara a las consultas del pasado 8 de marzo, el Gobierno evaluó a 77 precandidatos a la Presidencia y Vicepresidencia, desplegando un esquema robusto que incluyó 253 personas de protección, 381 policías, 92 vehículos blindados y 52 convencionales.
Hoy, en pleno desarrollo de la contienda, la totalidad de los candidatos presidenciales y sus fórmulas vicepresidenciales cuentan con esquemas de seguridad activos. Para su protección se han dispuesto 100 personas de protección, 129 policías, 37 vehículos blindados y 24 vehículos convencionales.
A esto se suma el acompañamiento permanente de la Fuerza Pública en cada desplazamiento de campaña a lo largo del territorio nacional, consolidando un cerco institucional que busca garantizar no solo la seguridad de los candidatos, sino también la estabilidad del proceso democrático.
Este despliegue no solo evidencia la magnitud del reto electoral que enfrenta el país, sino que envía un mensaje político claro: el Gobierno apuesta por unas elecciones seguras, con garantías plenas y sin espacio para la intimidación o la violencia.
