En Colombia, la defensa de los derechos humanos enfrenta un desafío alarmante: en promedio, cada dos días un líder social es asesinado.
Esta cifra refleja una crisis persistente y sistemática que afecta de manera particular a las regiones más vulnerables del país, donde la presencia de grupos armados ilegales y la disputa por el control territorial agravan la situación.
Desde el 1 de enero de 2016 y hasta el 31 de agosto, se han registrado 1.420 homicidios de líderes sociales, lo que evidencia la magnitud de la problemática y la necesidad urgente de implementar acciones efectivas.
En este contexto, la Procuraduría General de la Nación, Margarita Cabello Blanco, se reunió con Greg Howell, Senior Deputy Assistant Administrator para América Latina y el Caribe de USAID, para discutir la situación de los derechos humanos y seguridad en el país.
La reunión, celebrada el 9 de octubre, tuvo como objetivo intercambiar reflexiones y fortalecer la cooperación para garantizar condiciones seguras para el ejercicio del liderazgo social en Colombia.
Durante el encuentro, se subrayaron las recomendaciones emitidas por la Procuraduría al Gobierno Nacional, enfocadas en mejorar la protección de los líderes sociales, incrementar la presencia institucional en las regiones afectadas y coordinar esfuerzos interinstitucionales para desmantelar las estructuras criminales que amenazan la vida e integridad de los defensores de derechos humanos. La cooperación con USAID se destaca como clave para impulsar estos esfuerzos y lograr una respuesta integral y efectiva ante la crisis.
La falta de avances en la implementación de medidas de seguridad ha llevado a la Corte Constitucional a declarar un Estado de Cosas Inconstitucional. Este fallo reconoce que las políticas actuales no son suficientes para prevenir los riesgos ni para garantizar la seguridad de los líderes en las zonas más afectadas, como Cauca, Chocó, Norte de Santander, Arauca y Antioquia, lo que ha llevado a esta entidad a emitir instrumentos como el Índice de Prevención del Riesgo de Amenazas -IPRA y la Directiva 005 de 2024, lanzadas el pasado 9 de septiembre de 2024.
La Procuraduría continúa insistiendo en la necesidad de formular e implementar planes integrales de prevención y rutas de protección específicas, tanto individuales como colectivas, para detener la ola de violencia y proteger a quienes dedican su vida a la defensa de los derechos humanos y la construcción de una sociedad más equitativa.
