El secretario de Transparencia de la Presidencia de Colombia, Andrés Idárraga Franco, afirmó que son, al menos, cuatro los casos relevantes que hoy mantienen en alerta al departamento del Atlántico por los altos niveles de corrupción que registran.
El primer caso que mantiene preocupado al despacho involucra al Hospital Metropolitano de Barranquilla tras la pérdida de $14.000 millones de pesos, cuyo proceso no ha tenido avances significativos desde el pasado mes de septiembre en la Fiscalía 17 Seccional delegada para la Seguridad Territorial.
El funcionario hizo un llamado a la Contraloría General de La Nación para revisar el presunto hallazgo fiscal, toda vez que ya se contaría con el material probatorio necesario para avanzar en este caso que, según él, “aún está en la impunidad”.
“Este caso ha conllevado a la detención de un fiscal, de dos jueces, hasta de un exrector de una universidad, pero que sigue la investigación desde septiembre del año pasado. Le hemos estado solicitando a la Fiscalía que, ante la cantidad de material probatorio, pueda avanzar de manera rápida en este caso, que aún está en impunidad”.
Agregó que: “El caso del Hospital Metropolitano tiene dos órdenes de captura materializados y 14 mil millones de pesos refundidos. En septiembre del año pasado se unificó el expediente y se llevó Bogotá y allá no se ha movido. Hemos dicho que en mérito de la cantidad de pruebas que hay, tengan en cuenta que es posible darle una mayor celeridad a este proceso. Desaforadamente este caso no avanza en Fiscalía como quisiéramos muchos. Vemos que la Procuraduría que tiene una línea de investigación distinta en tanto es un asunto disciplinario y no penal, pero no le vemos avances sustanciales. Tampoco le vemos ni siquiera el inicio del proceso en la Contraloría”.
Así mismo, Idarraga pidió a la Procuraduría General de La Nación que se pronuncie sobre las presuntas faltas disciplinarias de los funcionarios públicos involucrados en el posible detrimento patrimonial del Hospital Metropolitano de Barranquilla.
Otro caso se encuentra vinculado a la población con discapacidad y sus cuidadoras quienes, pese a contar con órdenes judiciales, no reciben atención médica, pero estos cobros, al parecer, sí se estarían haciendo efectivos, pese a las 12 tutelas interpuestas hasta ahora por la presunta vulneración de sus DD.HH.
También resalta el proceso que se adelanta por la extinta Reynolds donde, presuntamente, hubo una venta simulada de un predio de una entidad financiera que los tendría “despojados”, y que iba a ser utilizado para la liquidación de sus trabajadores.
Finalmente, otros dos procesos están relacionados con trabajadores de la Drummond, teniendo en cuenta que, pese a que juntas médicas certificaron pérdida de la capacidad laboral superior al 50% para un gran número de ellos, pero aún no han sido reconocidas.
“La ciudadanía está cansada de la corrupción, y de la impunidad y desde la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de Colombia espera que la justicia opere de manera pronta”, dijo el funcionario.
