El caso del emblemático inmueble donde funcionó durante años la reconocida bolera Tito’s Bolos en Barranquilla, y que hoy ocupa la iglesia Vida Abundante, entró en una nueva fase tras la intervención de la Presidencia del Senado, que activó un proceso de revisión institucional sobre su situación jurídica.
El presidente del Senado, Lidio Garcia trasladó oficialmente las denuncias relacionadas con la posible venta del predio, convirtiendo el reclamo en un asunto de control político, vigilancia patrimonial y examen administrativo. La solicitud fue remitida a entidades como la Sociedad de Activos Especiales (SAE), el Ministerio de Hacienda, el Ministerio del Interior y otros organismos, además de órganos de control como la Procuraduría, la Contraloría y la Fiscalía.
La decisión se produce en medio de la controversia que rodea este inmueble, el cual está sometido a un proceso de extinción de dominio y es administrado por la SAE. La entidad había anunciado previamente su subasta para los días 27 y 28 de abril, con un precio base cercano a los $16 mil millones, argumentando incumplimientos contractuales por parte de la iglesia, incluyendo una deuda en cánones de arrendamiento que superaría los $1.000 millones desde 2020.
En respuesta a la situación, diferentes organizaciones religiosas expresaron su respaldo a la congregación. Líderes de la Confederación Cristiana de Colombia, Felac, FedeCaribe, la Asociación de Ministros del Atlántico y la Iglesia Aviva acompañaron al pastor Jorge Freyle en una jornada simbólica en la sede del templo.
Durante el encuentro, más de 30 pastores y líderes realizaron un acto de unción en la fachada del lugar y anunciaron la organización de un “Gran Plantón Espiritual y Pacífico”, previsto para el sábado 18 de abril a las 6:00 p.m. El pastor Freyle hizo un llamado a la conciliación y destacó la labor social que la iglesia desarrolla en beneficio de niños, jóvenes, mujeres y adultos mayores.
Así, el caso que involucra a uno de los espacios más recordados del entretenimiento en Barranquilla suma ahora componentes políticos, jurídicos y sociales, en medio de una disputa que sigue generando atención en la ciudad.
