BOGOTÁ (AP). El Estado colombiano y la mayor disidencia de la antigua guerrilla de las FARC anunciaron la suspensión de acciones ofensivas bilaterales, la cual entró en vigor este domingo a la medianoche, en un acto marcado por tensiones y reclamos de dirigentes campesinos.
La mesa de diálogo incluyó a representantes de la disidencia autodenominada Estado Mayor Central, una facción armada que se desligó y nunca firmó el histórico acuerdo de paz de 2016 entre el gobierno y las antiguas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) tras cinco décadas de conflicto.
El líder del Estado Mayor Central es Néstor Gregorio Vera, alias “Iván Mordisco”, un excomandante de las extintas FARC que fue incluido por Estados Unidos en la lista de Terroristas Globales Especialmente Designados. Fue dado por muerto en 2022 por el anterior gobierno del presidente Iván Duque, y recientemente reapareció para negociar.
“A partir de este momento se ordena tanto por la organización nuestra e igualmente por el presidente de la República la suspensión de operaciones ofensivas entre nuestras fuerzas”, anunció Andrey Avendaño, representante del Estado Mayor Central.
La medida fue ratificada por el Alto Comisionado para la Paz, Danilo Rueda, quien dijo: “damos el primer paso en este proceso para abrir una mesa que construirá y se construirá en los territorios con las voces de todas y todos”.
Previamente hubo un momento álgido en el acto, cuando dirigentes campesinos lanzaron consignas contra el gobierno porque temían que no se llegara a un acuerdo. La transmisión se interrumpió y posteriormente, al reanudarse, se hizo el anuncio de la suspensión de acciones ofensivas.
En una declaración conjunta al cierre de la jornada, las partes reconocieron que requieren “un mayor alistamiento previo” para formalizar el cese bilateral al fuego, lo que ocurrirá con la firma del decreto ejecutivo por parte del gobierno el 16 de octubre.
Además, se explicó que la suspensión de las acciones ofensivas es un mecanismo para “proteger a la población civil y disminuir los efectos de la confrontación”.
En tanto, el coordinador de la delegación gubernamental, Camilo González, precisó que en los siguientes días se afinarán los protocolos, reglas, compromisos y mecanismos de protección, así como un “acuerdo especial para la transformación territorial” de esas zonas afectadas por la violencia armada.
El acto se llevó a cabo en Tibú, un municipio fronterizo con Venezuela que por décadas ha estado en medio del conflicto y que en los últimos años ha visto el proceso de avance y fortalecimiento de las disidencias de las FARC. Al lugar acudieron cientos de personas de la región y de otras partes de Colombia como el Guaviare o el Cauca, así como autoridades locales y representantes de la comunidad internacional.
El secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres, señaló en un informe divulgado el pasado jueves que confía en que los pasos recientes hacia la reducción de la violencia se “materializarán y producirán beneficios tangibles, como es el deseo de las comunidades en las zonas afectadas por el conflicto”.
La población civil ha sufrido una nueva ola de violencia desde que la antigua guerrilla dejó las armas, y múltiples grupos armados se disputan el control territorial y de economías ilegales. Las autoridades han señalado a la disidencia Estado Mayor Central de ser los autores de algunos asesinatos contra líderes sociales y contra ex guerrilleros de las antiguas FARC.
