Con el fallo que emitió el Tribunal Administrativo del Atlántico en favor del rector de la Universidad del Atlántico, Danilo Hernández Rodríguez, el funcionario dijo que se dedicará a reforzar las agendas internacionales y regionales diseñadas en la institución para una mayor estabilidad y proyección.
El funcionario se pronunció luego de conocerse que las demandas acumuladas en su contra porque supuestamente su elección fue producto de un proceso “viciado de violar las normas del Consejo Superior”, fueron negadas por el mencionado Tribunal.
La decisión del Tribunal indica que Danilo Hernández, no estaba inhabilitado para aspirar a la rectoría de la Universidad, pese a que anteriormente había sido miembro del Consejo Superior y ocupado el cargo de docente de tiempo completo de carrera, adscrito a la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad, es decir, que se encontraba vinculado con el ente universitario mediante relación legal y reglamentaria.
“Recibo con mucha satisfacción el fallo judicial, ese espaldarazo a la justicia, que no es solo al rector sino a la universidad, a su estabilidad, al desarrollo. El desarrollo de la universidad es una tarea de todos no solo del rector sino de la justicia, medios, empresarios y recibo con mucha satisfacción este fallo”.
Indicó que no temió ante un fallo adverso porque el tema lo había analizado con profundidad con sus asesores. “Ahora me siento con mucho más aliento, mucha más fuerza para continuar con esta tarea que me encargó la comunidad universitaria y el Consejo Superior”.
Y agregó: “Ahora con este fallo, lo que viene es seguir trabajando los ejes estratégicos y el plan rectoral que hoy se recoge en el Plan de Desarrollo Institucional a diez años. Allí están los horizontes y caminos que la Universidad debe seguir en búsqueda de la excelencia”.
El fallo reveló que “la restricción aplica únicamente en aquellos eventos en los que, luego de haber hecho parte del Consejo, la persona suscriba contratos de prestación de servicios dentro del año siguiente de su retiro”.
Además de eso, el Tribunal citó en ese documento que la prohibición alegada por la parte demandante no resulta aplicable en elecciones diferentes a las que se hacen a través del voto popular.
Frente al tema, la oficina jurídica de la Universidad del Atlántico aseguró que “no existió inhabilidad por parte del rector en su participación electoral, puesto que la causal que se alega no está prevista como una inhabilidad en el Estatuto General de la Universidad del Atlántico. Las inhabilidades son taxativas, lo que significa que deben estar descritas inequívocamente y previamente determinadas”.
