El representante a la Cámara por el Pacto Histórico, Alejandro Ocampo dijo que se opone a que Barranquilla sea la sede de los Juegos Panamericanos porque estos les van a costar al país 800 millones de dólares.
Para el congresista, el país tiene muchas necesidades en materia social que se podrían resolver o satisfacer con los recursos que se destinen a las mencionadas justas.
Como se ha informado, la organización de los juegos le quitó la sede a Barranquilla porque el Gobierno nacional no giró los 8 millones de dólares que se había comprometido. Ahora el presidente Gustavo Petro, el alcalde de la ciudad, Alejandro Char y el gobernador del Atlántico, Eduardo Verano están intentando que a Barranquilla les devuelvan la sede.
“Hay que mirar que esos juegos no son convenientes porque le pueden costar al país 800 millones de dólares y eso es mucha plata. Nosotros somos un país pobre y nuestros deportistas no tienen los implementos para hacer deportes. Hay muchos niños y niñas que tenemos que alejarlos de las drogas, la violencia y el deporte es el vehículo para eso. Con solo 2 billones de pesos podemos darle deportes a 1 millón 300 mil niños durante cuatro años”, dijo.
Señaló que los deportistas colombianos no van a estar preparados para los Juegos Panamericanos y siendo optimista podrían participar 80 jóvenes.
“Los colombianos y colombianas podrán ver los juegos por televisión, pero sus hijos no van a participar en las justas deportivas porque no tienen tiempo para entrenarse. Si acaso participarán 500 deportistas. Además, Barranquilla tiene otras necesidades que deben ser atendidas. Es el caso de los arroyos porque todos no han sido canalizados, hay casas por arreglar y hay familias que no comen las tres veces en el día y hay gente buscando empleo”, dijo el congresista.
De igual forma señaló que los juegos son un negocio montado por el clan Char y el partido Cambio Radical. “El exalcalde de Barranquilla, Jaime Pumarejo y el expresidente Duque debieron pagar 4 millones de dólares en el año 2022 y no lo hicieron y tampoco pagaron los 4 millones de dólares del año 2023 y comprometieron a los colombianos por un valor indeterminado. Eso debe ser revisado por la Contraloría y la Fiscalía”.
