La vida comunitaria en propiedad horizontal implica múltiples dinámicas en las que confluyen normas legales, reglamentos internos y principios de sana convivencia. Dentro de este ecosistema administrativo y social, el consejo de administración cumple un papel fundamental como órgano de apoyo y vigilancia para el adecuado desarrollo de la gestión del administrador. Sin embargo, en muchos casos, dicho rol ha comenzado a distorsionarse, generando escenarios donde la autoridad se desborda y la función que debería ser de acompañamiento y control se convierte en intervención y extralimitación.
Este fenómeno, muchas veces inadvertido y minimizado, puede ser catalogado como una forma de corrupción silenciosa. No se trata de los casos mediáticos de desfalcos millonarios ni de escándalos públicos, sino de actuaciones reiteradas, normalizadas e incluso justificadas bajo la premisa de “querer ayudar”, que van erosionando la institucionalidad y creando ambientes de desconfianza, confusión y desorden. Los consejeros que, sin formación adecuada, asumen funciones ejecutivas, terminan suplantando al administrador, firmando contratos, dando órdenes directas a trabajadores, decidiendo sobre compras y gastos sin el debido proceso, o interfiriendo en la vida laboral del personal, sin tener ni la competencia legal ni la preparación técnica para ello.
En este contexto, la capacitación constante se vuelve no solo un deber, sino una necesidad urgente e ineludible. Un consejo de administración desinformado es terreno fértil para errores administrativos y legales que pueden comprometer seriamente la estabilidad jurídica y financiera de la copropiedad. La ley 675 del 2001 no establece requisitos profesionales para ser consejero, pero la realidad exige que quienes ocupen esos cargos tengan un conocimiento mínimo sobre sus deberes, límites y funciones. Una copropiedad que invierte en la formación periódica de sus órganos de gobierno está blindándose contra la improvisación, el autoritarismo y, en últimas, la corrupción.
La capacitación no debe verse como un lujo ni una carga innecesaria, sino como una herramienta esencial para la prevención de riesgos. La administración moderna de la propiedad horizontal requiere que los consejeros comprendan no solo el marco legal que regula la copropiedad, sino también nociones básicas de contratación, manejo presupuestal, convivencia, responsabilidad civil y penal, e incluso comunicación institucional. No basta con la buena voluntad; se necesita preparación. Y esa preparación debe actualizarse de manera constante, pues las normas cambian, las situaciones evolucionan y los retos se multiplican.
Pero la capacitación por sí sola no es suficiente si no viene acompañada de una comunicación efectiva. Muchos de los conflictos internos en los consejos, o entre estos y la administración, tienen su origen en malentendidos, suposiciones erróneas o falta de canales claros para compartir la información. Un consejo que se comunica de forma transparente, respetuosa y oportuna con el administrador, con los residentes y entre sus propios miembros, es un consejo que construye confianza, que genera cohesión y que facilita el trabajo colaborativo. La comunicación efectiva no se trata solamente de hablar, sino de escuchar, de comprender contextos, de respetar tiempos y de actuar con prudencia.
Es precisamente la ausencia de esta comunicación lo que permite que algunos miembros del consejo tomen decisiones por su cuenta, asumiendo que están haciendo lo correcto, sin consultar con sus colegas ni con la administración. Así comienzan los pequeños abusos que, al repetirse, se convierten en prácticas nocivas y, eventualmente, en verdaderos problemas legales para la copropiedad. Un contrato firmado sin la debida autorización, una instrucción dada al personal sin coordinar con el administrador, una compra realizada sin validación presupuestal, son acciones que pueden terminar generando sanciones, demandas o pérdidas económicas para la comunidad.
En últimas, la solución no está en eliminar los consejos de administración ni en limitar su participación, sino en fortalecer su rol a través del conocimiento, del diálogo y del respeto mutuo. La figura del consejero debe ser revalorizada, no como un poder paralelo al administrador, sino como un apoyo técnico y ético que ayuda a garantizar la transparencia, la legalidad y la buena gestión. Para ello, es fundamental que cada miembro del consejo entienda que su cargo es de responsabilidad, no de poder; de servicio, no de protagonismo; de vigilancia, no de intervención operativa.
Una comunidad informada es menos vulnerable a la manipulación y al abuso. Una copropiedad que promueve la formación de sus líderes y establece canales sólidos de comunicación está apostándole al futuro, a la convivencia pacífica y al crecimiento colectivo. La corrupción silenciosa se combate con conciencia, con formación y con diálogo. Solo así es posible construir comunidades más fuertes, más justas y más organizadas.
Escrito por:
Jorge Enrique Hernández Alonso
