• El propósito es generar recomendaciones y propuestas de política pública que fortalezcan la protección y garantía efectiva de los derechos de las personas migrantes, refugiadas, desplazadas y víctimas de trata.
• En el evento se presentará el informe tripartito elaborado por las Defensorías del Pueblo de Colombia y Panamá junto con la Defensoría de los Habitantes de Costa Rica, con apoyo de ONU Derechos Humanos – Oficina Regional para América Central y el Caribe.
Bogotá D.C., 26 de agosto de 2025 (@defensoriaCol) – Más de cien instituciones de derechos humanos de veintidós países iberoamericanos se darán cita en Bogotá del 27 al 29 de agosto en la VII Cumbre de Movilidad Humana y Trata de Personas, organizada por la Defensoría del Pueblo de Colombia, institución que coordina la Red de Movilidad Humana y Trata de la Federación Iberoamericana del Ombudsperson (FIO). El encuentro tendrá como eje central los “Nuevos retos migratorios”, con el fin de analizar las dinámicas actuales, fortalecer la acción regional y promover respuestas conjuntas frente a los desafíos que plantea la movilidad humana en el continente.
La Cumbre reunirá a representantes de las defensorías, procuradurías y comisiones de derechos humanos que integran la FIO, así como a organismos internacionales, autoridades nacionales, sociedad civil, academia y especialistas en movilidad humana y trata de personas. El propósito es generar recomendaciones y propuestas de política pública que fortalezcan la protección y garantía efectiva de los derechos de las personas migrantes, refugiadas, desplazadas y víctimas de trata.
Se desarrollarán paneles, mesas de trabajo y espacios de diálogo interinstitucional sobre asuntos clave: flujos migratorios inversos, desplazamiento forzado, niñez no acompañada, riesgos asociados a la trata y tráfico de personas, integración local de personas desplazadas y refugiadas, e impactos del cambio climático sobre la movilidad humana.
En el evento se presentará el informe tripartito elaborado por las Defensorías del Pueblo de Colombia y Panamá junto con la Defensoría de los Habitantes de Costa Rica, con apoyo de ONU Derechos Humanos – Oficina Regional para América Central y el Caribe. El documento analiza riesgos transfronterizos vinculados a la movilidad y a la trata de personas, aportando elementos clave para la cooperación regional.
Una mirada regional a los retos migratorios
La movilidad humana en Iberoamérica está marcada por factores estructurales interrelacionados, incluyendo pobreza, persecución, violencia y acción de redes criminales. Para la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), estos impactos recaen con especial fuerza sobre mujeres, niñas, niños, adolescentes, personas LGBTIQ+, comunidades indígenas y afrodescendientes.
A lo anterior se suman los efectos del cambio climático, que según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), generan nuevas formas de movilidad vinculadas a desigualdades preexistentes, profundizando la fragilidad de comunidades y territorios.
Según cifras de Migración Colombia, entre el 1 de enero y el 31 de julio de 2025 se registraron 99.543 personas migrantes irregulares en tránsito en el país. La mayoría proviene de Venezuela (95.764), Ecuador (972), Perú (286), India (254), Nepal (250), Irán (221), República Dominicana (207), Camerún (189), Bangladés (175), entre otros países.
De manera paralela, la Defensoría del Pueblo identificó en el mismo periodo el ingreso al país de 14.422 personas migrantes en flujos inversos, que llegan desde La Miel (Panamá) hasta Capurganá (Chocó). El 56,5% de estas personas son hombres, el 25,4% mujeres y el 19% niños, niñas y adolescentes. La mayoría continúa su tránsito hacia municipios como Necoclí y Turbo, en Antioquia.
El panorama interno también evidencia grandes desafíos humanitarios. Entre enero y julio de 2025, la región del Catatumbo concentró la mayor afectación humanitaria, con 31 eventos que provocaron el desplazamiento de 73.053 personas y el confinamiento de otras 11.490. A nivel nacional, en el mismo periodo se registraron 59 episodios de desplazamiento forzado masivo que impactaron a 11.911 personas, así como 56 situaciones de confinamiento que restringieron la movilidad de 50.924 personas.
Cooperación regional para proteger derechos
Desde octubre de 2024, la Defensoría del Pueblo de Colombia asumió la coordinación de la Red de Movilidad Humana y Trata de Personas de la FIO. Esta responsabilidad busca consolidar estrategias regionales que fortalezcan la acción de las instituciones defensoriales en la promoción, protección y exigibilidad de derechos de las personas migrantes y víctimas de trata, mediante un enfoque integral y multidimensional.
La VII Cumbre de Movilidad Humana y Trata de Personas será un espacio clave para reafirmar el compromiso regional con la defensa de los derechos humanos y para avanzar en la construcción de respuestas colectivas frente a los nuevos retos migratorios que enfrenta Iberoamérica.
