Fernanda Restrepo Ávila, reconocida por liderar la campaña “Ni Una Palmadita”, deja al descubierto un sistema que, en lugar de proteger, perpetúa la violencia de género bajo nuevas formas, por ser presuntamente víctima de diferentes tipos de maltratos, acoso y persecución por parte de su expareja, mediante sucesos que han ido elevando su nivel de afectación hasta perjudicar a menores, puesto que, desde diciembre de 2024, Fernanda vive una tragedia personal que, según denuncia, no solo vulnera sus derechos, sino también los de sus hijas, de 9 y 5 años, quienes le fueron arrebatadas mediante una medida provisional que favoreció a su exesposo.
La activista no solo ha denunciado públicamente la separación forzada de sus hijas, sino que también ha señalado sentirse perseguida en Barranquilla, un temor que adquiere mayor peso al considerar que, según el violentometro, la violencia vicaria y el acoso judicial suelen anteceder al feminicidio. Fernanda insiste en que la falta de acción por parte de las instituciones no solo la revictimiza, sino que pone en riesgo su vida y la de las niñas.
El origen de esta lucha legal se remonta a 2021, cuando Fernanda presentó una denuncia por violencia intrafamiliar contra Alex Gutiérrez Montero, su exesposo,por graves maltratos físicos y psicológicos. Sin embargo, tres años después, no hay avances en el caso. Esta aparente inacción permitió que en diciembre de 2024 se dictara una medida que le retiró la custodia de sus hijas y otorgó pleno control a su exesposo, quien, según Fernanda, se ha negado incluso a permitirle hablar con las menores.
Durante semanas, Fernanda no había podido siquiera escuchar la voz de sus hijas; “Mis hijas tienen derecho a su madre, y yo, a saber cómo están. Pero las entidades guardan silencio”, afirma, sin embargo mediante un video publicado en redes sociales en la noche del martes 14 de enero en sus redes sociales, que volvió a tener comunicación con sus hijos vía telefónica y demostraron estar bien; “mis hijas me acaban de llamar, están bien, están contentas, están jugando y parece ser que no les han dicho nada malo, ninguna me reclamó ni me dijo nada extraño”, dijo Fernanda entre llanto, añadiendo que fue muy duro para ella.
El caso de Fernanda es un ejemplo más de la violencia vicaria que afecta a miles de mujeres en Colombia. Según organizaciones como la Fundación TEKNOS, esta forma de agresión utiliza a los hijos como herramientas de control y castigo. Fernanda no solo lucha por sus hijas, sino por las madres que enfrentan situaciones similares y son ignoradas por un sistema que debería protegerlas.
“Lo que me hicieron no es solo violencia vicaria, es complicidad institucional”, afirma con firmeza. A pesar de las amenazas y el temor, Fernanda continúa alzando la voz: “Esta lucha no es solo por mí, es por todas”.
En un video exclusivo para Extranoticias, Fernanda, además de aclarar con exactitud que no hablaba con sus hijas desde el pasado 31 de diciembre, siendo víctima de violencia vicaria, afirma también ser perseguida; “Había una persona que me estaba grabando y que me esperó presuntamente fuera del ICBF el día que tuve la citación”.
La también Ciberactivista nos confirma haber intentado todo lo posible para solucionar la reciente lejanía que tiene con sus hijas y la respuesta de diferentes entes ha sido totalmente negativa: “yo he solicitado apoyo de todos los entes, he hecho todas las solicitudes, he presentando todas las pruebas de que soy una madre que puede garantizar los derechos de mis hijas. A pesar de estar suplicando por ayuda me veo obligada hablar en mis redes sociales y medios de comunicación porque es la única manera de buscar seguridad para mí y para mis hijas”.
La historia de Fernanda no debe quedar en el olvido. Es un llamado urgente a que las instituciones actúen con justicia y sensibilidad, priorizando los derechos de las niñas y reconociendo las realidades de las mujeres que enfrentan estas violencias en silencio. También refleja con crudeza las fallas de un sistema que, lejos de brindar justicia y protección, termina siendo cómplice del sufrimiento de las víctimas. Su lucha no solo visibiliza la violencia vicaria y el acoso judicial como armas de control, sino que evidencia la urgente necesidad de que las instituciones garanticen los derechos fundamentales de las mujeres y los menores.
