La diputada del Atlántico, Isabela Pulgar, explicó en entrevista con Extra Noticias, Radio Tropical y Transmecar Radio una serie de hechos señalados por la Contraloría sobre un proyecto creado en 2019 para impulsar empresas agroindustriales en el departamento. El programa, ejecutado por la Gobernación del Atlántico durante el mandato de Elsa Noguera y contratado por más de $14.000 millones con la Fundación Funcesi, tenía como objetivo beneficiar exclusivamente a empresas del sector agro. Sin embargo, Pulgar recordó que la lista final de seleccionados reveló un escenario distinto.
La diputada indicó que “únicamente tres de las 82 empresas seleccionadas tenían relación con el tema agro”, mientras que el resto correspondía a sectores que no guardaban ninguna conexión con la actividad agrícola. Mencionó casos como Medical Nutrición, dedicada a la comercialización de productos cosméticos; Casa 81, enfocada en desarrollo web; y Martinique, productora de pasta. Para Pulgar, este tipo de inconsistencias evidencia que la selección de beneficiarios se alejó por completo de la razón de ser del proyecto.
Incluso una de las pocas empresas vinculadas al sector agro generó inquietudes adicionales. Se trataba de Genética Superior del Caribe, cuya representante legal en ese momento era Nataly Horta, funcionaria de la Gobernación hasta mayo de 2023. Pulgar señaló que este tipo de coincidencias resulta llamativo, especialmente en un programa que, según indicó, estaba en su etapa final mientras Horta ocupaba un cargo dentro de la administración. La diputada recordó que estos hechos ya habían sido advertidos por la Contraloría y mencionados por la revista Cambio, pero aseguró que aún no hay claridad oficial sobre los resultados de la inversión.
Ante la falta de respuestas, Pulgar planteó interrogantes sobre el impacto real del proyecto y el destino final de los recursos. Se preguntó “dónde están los resultados de esos quince mil millones de pesos que se invirtieron” y cuáles habrían sido los campesinos beneficiados, “si es que existen”. También cuestionó por qué empresas sin relación con el agro lograron acceder a esos recursos y qué criterios se usaron para seleccionarlas.
La diputada insistió en que es necesario conocer la posición de quienes participaron directamente en la ejecución del proyecto. Considera fundamental la versión de José Luis Polo Otero, fundador de Funcesi, y de su representante legal, Mildreth Tatiana Rodríguez, entidades que, según dijo, “saben qué fue lo que realmente ocurrió”. Asimismo, señaló que espera claridad por parte de la administración de la época, entre ellos la exgobernadora Elsa Noguera, el entonces secretario general Raúl Lacouture y el exsecretario de Desarrollo Económico Miguel Vergara, quien supervisaba el contrato.
Pulgar concluyó que los atlanticenses merecen una explicación completa sobre lo ocurrido y sobre por qué un proyecto diseñado para fortalecer al sector agrícola terminó beneficiando a empresas ajenas a ese propósito. Para ella, este es un caso que debe ser aclarado en su totalidad para garantizar transparencia en el uso de los recursos públicos.
