En diálogo exclusivo con ExtraNoticias, Radio Tropical y Transmecar Radio, el abogado Víctor Ríos reveló nuevos detalles sobre la acción popular que obliga al Distrito de Barranquilla a demoler y reconstruir una casa patrimonial que fue eliminada del paisaje urbano sin los permisos del Ministerio de Cultura. Según el jurista, la vivienda se encontraba en la carrera 61 con calle 66 esquina, donde hoy funciona un edificio de cinco plantas construido de forma irregular.
“En ese lugar existió una casa que tenía declaratoria de protección por el Ministerio de Cultura a nivel nacional”, explicó Ríos, quien precisó que la edificación actual no cuenta con autorización patrimonial. Además, detalló que el inmueble está ubicado “diagonal a un famoso restaurante y encima de una tienda conocida donde se comercializan bebidas alcohólicas y productos de diversa índole”, lo que ha mantenido visible el caso en el sector.
El abogado señaló que esta medida surge de una sentencia judicial emitida hace más de tres años, luego de una acción popular interpuesta ante las autoridades administrativas de la ciudad. “Hemos venido realizando una veeduría permanente. Ya se han hecho los estudios patológicos de las personas que se encuentran dentro. Demoler y reconstruir implica que la Alcaldía se aprovisione no solo de presupuesto, sino de los estudios suficientes para no alterar la tranquilidad de los vecinos”, afirmó.
La recuperación del inmueble patrimonial tendría un costo aproximado de 2.050 millones de pesos, según lo estimado por los estudios técnicos y jurídicos. Esta inversión contemplaría tanto la demolición del edificio actual como la reconstrucción de la vivienda original, siguiendo los lineamientos de conservación histórica del Ministerio de Cultura.
Finalmente, Ríos informó que en octubre la Alcaldía de Barranquilla elevó un oficio al área encargada del presupuesto para que la ejecución del proyecto sea incluida dentro del plan financiero de 2026. “Lo más probable es que se realice en el transcurso del año 2026, pues no se trata de cualquier contrato. Estamos frente a una acción constitucional que busca la protección de los derechos fundamentales y del patrimonio histórico de la ciudad”, puntualizó.
