La crisis que atraviesa el gremio de taxistas en Barranquilla no es reciente. Se trata de una problemática que se ha venido profundizando con los años y que hoy evidencia un sistema debilitado, con menos vehículos en operación formal, mayor informalidad y escaso control por parte de las autoridades.
En los últimos años, el parque automotor de taxis ha disminuido de manera significativa. La reducción alcanza cerca del 35% frente a cifras de 2018, lo que refleja una caída sostenida en la presencia de vehículos dentro del sistema legal. A esto se suma el desplome en la reposición de taxis, que ha bajado en un 52%, y la disminución de nuevas vinculaciones en un 68%, indicadores que muestran que cada vez menos personas ven viable invertir en este sector.
Pese a que la capacidad transportadora en el Área Metropolitana de Barranquilla supera los 17 mil taxis, en la práctica solo se está utilizando alrededor del 63%. Esto no responde a una sobreoferta, sino a un abandono progresivo del sistema formal, donde conductores y propietarios han optado por salir o migrar hacia otras alternativas de transporte.
Uno de los factores que más incide en este panorama es el crecimiento de la informalidad. Actualmente, se estima que cerca de 5.000 taxis circulan sin tarjeta de operación en la ciudad, generando una competencia desigual para quienes cumplen con los requisitos legales. Esta situación se ve agravada por la falta de operativos constantes por parte de la Policía y la ausencia de controles estrictos desde el Área Metropolitana, lo que ha permitido que el desorden se mantenga.
El problema no es solo operativo. También hay un componente humano y estructural: la falta de confianza en el sistema ha llevado a que inversionistas y conductores se alejen de la formalidad. Muchos han migrado hacia el transporte particular o plataformas digitales, en busca de mejores condiciones y menos restricciones.
A esto se suman dificultades regulatorias, con normas que no responden a la realidad actual del sector y decisiones que, lejos de solucionar el problema, terminan desincentivando la permanencia en la legalidad.
El resultado es un sistema que pierde fuerza año tras año: menos taxis legales, más informalidad y un control institucional debilitado. El gremio enfrenta así uno de sus momentos más complejos, en medio de una crisis que sigue sin una respuesta clara y efectiva.
