La Procuraduría General de la Nación (PGN), a través de la Procuraduría Delegada Disciplinaria No. 2, emitió un fallo de primera instancia contra 19 de los 21 concejales del Distrito de Barranquilla correspondientes al período 2020-2023, imponiendo una suspensión de seis meses e inhabilidad especial por el mismo período.
La causa de la suspensión fue el encargo de Angélica María Ávila Golfar como Personera del Distrito el 27 de febrero de 2020, sin cumplir con los requisitos legales para asumir dicho cargo. La Procuraduría encontró que los concejales cometieron una falta grave, actuando con dolo al designar a Ávila a pesar de conocer que no cumplía con los requisitos exigidos para el puesto.
La procuradora delegada, Olga Liliana Suárez Colmenares, explicó que los concejales, a pesar de estar advertidos de la ausencia de los requisitos, procedieron a votar y elegir a Ávila en la sesión plenaria del Concejo sin realizar la revisión correspondiente. Además, la elección se fundamentó en una interpretación errónea de la norma, ya que se consideró a Ávila como candidata idónea solo por ocupar un cargo jerárquicamente superior.
Los concejales suspendidos son: Julio Álvarez Vega, Freddy Barón Orozco, Heidy María Barraza Vergara, Leyton Daniel Barrios Torres, Zamir Benavides Moreno, Antonio Bohórquez Collazos, Ernesto Crissien Barraza, Oswaldo Díaz Insignares (investigación archivada por fallecimiento), Richard Fernández Barraza, Juan Camilo Fuentes Pumarejo, María Henríquez Quintero, Samuel Elías Marino Angulo, Andrés Felipe Ortiz Hernández, Juan Ospino Acuña, Recer Lee Pérez Torres, Samir Eduardo Radi Chemas, Andrés Rengifo Lemus, José Trocha Gómez y Mauricio Villafañez Jabba.
Hay que señalar que en el pliego de cargos, la Procuraduría General señala que: “Con ello, es claro que la conducta correspondía al ejercicio de la función pública y con su accionar, al parecer, lesionaron el principio de moralidad, cuya desviación del cumplimiento de la función en si misma ha producido un perjuicio al interés general, al favorecer con ello a quien carecía de los requisitos legales exigidos al momento de ser elegida, nombrada y posesionada desconociendo con el actuar de los concejales de Barranquilla inculpados, el derecho positivo, e imponiendo como cabeza del Ministerio Público del Distrito de Barranquilla a un servidor que no cumplía las calidades exigidas por el legislador”.
Además de la suspensión, se les impuso una inhabilidad especial por el mismo período. Esta decisión se produce en medio de un creciente cuestionamiento sobre el manejo administrativo en el Concejo de Barranquilla y refuerza la importancia del cumplimiento riguroso de los procedimientos legales en nombramientos públicos.
Este fallo es de primera instancia y puede ser apelado, lo que permitirá una posterior revisión por parte del Tribunal Contencioso Administrativo.
