En entrevista exclusiva con Extranoticias, Radio Tropical y Transmecar Radio, el abogado Wilton Molina Siado —quien interpuso la demanda que redefine los límites entre Barranquilla y Puerto Colombia— advirtió que el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) estaría actuando sin competencia al adelantar actas relacionadas con el diferendo limítrofe. El jurista aseguró que la entidad no puede firmar documentos de este tipo mientras no opere bajo el marco de la Comisión de Ordenamiento Territorial (COT), instancia nacional encargada de regular estos procesos.
Molina explicó que el IGAC solo puede fijar actas cuando los involucrados son dos municipios, pero que en el caso de Barranquilla, al tratarse de un distrito, la autorización debe provenir expresamente de la COT. Según su interpretación jurídica, ningún funcionario puede avanzar en la delimitación sin que esa comisión dé el aval correspondiente. “Yo no sé qué trámite le están dando”, cuestionó al insistir en que no entiende por qué se estarían elaborando actas sin la estructura legal necesaria.
El abogado también detalló cómo debe integrarse la Comisión de Ordenamiento Territorial para que el proceso sea válido. La conforman representantes de Puerto Colombia, del Distrito de Barranquilla, de instituciones académicas seleccionadas por la misma comisión, así como delegados del Gobierno Nacional, entre ellos el Ministerio del Interior y el Ministerio de Ambiente. Con la participación del IGAC, este cuerpo colegiado define las coordenadas del límite y emite recomendaciones al Congreso sobre la viabilidad del trazado.
Ante la pregunta sobre las consecuencias de no cumplir estos pasos, Molina fue categórico: el procedimiento podría caerse. Para él, cualquier actuación por fuera del marco legal pone en riesgo la validez del proceso. Además, aseguró que, pese a ser el abogado que presentó la demanda, no ha sido contactado para participar en las discusiones: “Lo estoy viendo los toros sobre la barrera”, dijo.
Frente a esta situación, anunció que presentará una acción de cumplimiento en los próximos días, con el fin de que todas las entidades involucradas se ajusten a las normas constitucionales y legales que regulan los procesos de ordenamiento territorial. La acción, afirmó, tiene como propósito exigir que la administración actúe de acuerdo con lo establecido en la ley.
Molina precisó que este recurso judicial opera con la rapidez de una tutela, por lo que espera radicarlo la próxima semana. Su objetivo es evitar que se avance en un procedimiento que, según él, carece de la estructura mínima exigida por el ordenamiento jurídico, y garantizar que la redefinición de los límites entre Barranquilla y Puerto Colombia se haga bajo el cauce institucional correspondiente.
