La exjefa de Gabinete de Gustavo Petro enfrenta tres cargos por los hechos relacionados con el polígrafo practicado a su entonces niñera. La Fiscalía le atribuye abuso de función pública, constreñimiento ilegal agravado y peculado por uso.
Por: Redacción ExtraNoticias
La Fiscalía General de la Nación imputó este lunes tres cargos a Laura Sarabia, exjefa de Gabinete y exdirectora del Dapre durante el gobierno de Gustavo Petro, por los hechos relacionados con el procedimiento de polígrafo al que fue sometida Marelbys Meza, quien trabajaba como niñera de la entonces funcionaria. La diligencia se desarrolla ante un juez de control de garantías en Bogotá.
El ente acusador atribuye a Sarabia los delitos de abuso de función pública, constreñimiento ilegal agravado y peculado por uso. La investigación busca establecer su presunta responsabilidad en el uso de funcionarios, instalaciones y recursos estatales para adelantar actuaciones relacionadas con la desaparición de dinero de su vivienda, ocurrida en enero de 2023.
El caso comenzó después de que Sarabia reportara la pérdida de un maletín que contenía dinero y documentos en su apartamento. En medio de las indagaciones, Marelbys Meza fue trasladada a una dependencia oficial y sometida a una prueba de polígrafo. El procedimiento terminó convirtiéndose en uno de los principales escándalos del gobierno de Gustavo Petro.
Según la Fiscalía, Sarabia habría dado instrucciones al entonces jefe de seguridad de la Presidencia, coronel Carlos Feria, para que se adelantará el procedimiento contra Meza. Para el ente acusador, la actuación habría desbordado las funciones de los organismos de seguridad y habría puesto recursos públicos al servicio de un asunto de carácter particular.
La investigación trasciende
La investigación también está relacionada con las interceptaciones ilegales conocidas como las ‘chuzadas’, de las que posteriormente fueron víctimas Meza y otras personas de su entorno. De acuerdo con la hipótesis de la Fiscalía, para justificar esas interceptaciones se habrían elaborado informes que vinculaban a la entonces niñera con una organización dedicada al hurto de residencias.
Uno de los elementos que hace parte del expediente es el testimonio de un oficial de la Policía que recibió un principio de oportunidad y que habría entregado información sobre las actuaciones adelantadas durante la investigación. Para la Fiscalía, ese testimonio respalda la hipótesis sobre la participación de Sarabia en la decisión de someter a Meza al polígrafo.
La defensa ha cuestionado las conclusiones del ente acusador y el alcance de las responsabilidades que pretende atribuirle.
Durante la audiencia también se produjo una novedad institucional: la Presidencia de la República, a través del DAPRE, solicitó ser reconocida como víctima dentro del proceso. La representación jurídica argumentó que se habrían utilizado funcionarios, instalaciones y recursos estatales en los hechos investigados. La jueza avaló el reconocimiento de Marelbys Meza y del Dapre como presuntas víctimas.
La solicitud de reconocimiento como víctimas había sido planteada también en favor de otras personas vinculadas al expediente. Sin embargo, la jueza negó las peticiones relacionadas con Fabiola Perea y Marbel Alcira Morales Quevedo, esta última fiscal que tuvo a su cargo la investigación por el supuesto robo del dinero de la residencia de Sarabia.
El caso se remonta a 2023 y, además del procedimiento del polígrafo, derivó en una investigación por las interceptaciones telefónicas realizadas a Meza. La Fiscalía estableció que integrantes de la Policía habrían participado en la elaboración de documentos y procedimientos utilizados para obtener las órdenes de interceptación, en un episodio que generó una de las mayores crisis políticas del gobierno Petro.
Con la imputación de este lunes comienza formalmente una nueva etapa del proceso penal contra Sarabia. La formulación de cargos no constituye una condena ni significa que la exfuncionaria haya sido declarada culpable: será durante las siguientes etapas judiciales cuando se determine si los hechos ocurrieron como sostiene la Fiscalía y si existe responsabilidad penal de la exfuncionaria.
El proceso vuelve así a poner en el centro de la discusión el uso de los organismos de seguridad del Estado para asuntos particulares y las responsabilidades de quienes ocupaban posiciones de poder. Tres años después de los hechos que dieron origen al escándalo, Laura Sarabia enfrenta ahora ante la justicia los cargos que la Fiscalía considera sustentados en la investigación sobre Marelbys Meza.
