Un juez de tutela ordenó la suspensión inmediata de todos los efectos de la decisión emitida el pasado 8 de abril por el Juzgado Segundo Penal Municipal con función de control de garantías de Barranquilla, que había dispuesto el restablecimiento de derechos de Silvia Beatriz Gette Ponce para regresar a la rectoría de la Universidad Autónoma del Caribe
La medida fue adoptada por el Juzgado Dieciséis Penal del Circuito con función de conocimiento de Barranquilla, que admitió una acción de tutela interpuesta por el representante de víctimas del Ministerio de educación Nacional al considerar que podrían existir vulneraciones al debido proceso.
Suspensión provisional
En el auto, el despacho judicial decretó como medida provisional “la suspensión inmediata de todos los efectos de la decisión proferida” por el juzgado de control de garantías, mientras se resuelve de fondo la acción constitucional o el recurso ordinario interpuesto.
Esto implica, entre otros puntos:
- La suspensión del reintegro de Gette Ponce como rectora.
- La paralización de la nulidad de actas de los órganos de gobierno de la universidad desde 2013.
- La orden de frenar cualquier actuación que busque ejecutar la decisión cuestionada.
El juez argumentó que esta decisión busca evitar un posible “perjuicio irremediable” y proteger derechos fundamentales en discusión.
Dudas sobre la decisión inicial
En el documento, el despacho advierte que, en una revisión preliminar, la decisión que ordenaba el reintegro podría presentar “situaciones posiblemente irregulares” con impacto constitucional.
Entre los elementos que generan preocupación, se destaca que la persona cuyo reintegro fue ordenado cuenta con una condena penal por abuso de confianza calificado y agravado, relacionada con hechos ocurridos dentro de la misma institución.
Según el juez, esta circunstancia debe ser considerada en cualquier análisis de proporcionalidad, ya que puede afectar aspectos como:
- La continuidad del servicio público de educación.
- La estabilidad administrativa y financiera de la universidad.
- La confianza de estudiantes y comunidad académica.
- Las competencias del Ministerio de Educación en inspección y vigilancia.
Riesgos institucionales
El auto también señala que la decisión del juzgado de control de garantías fue concedida en efecto devolutivo, lo que implicaba su cumplimiento inmediato, generando un riesgo de afectaciones graves e irreversibles en la institución.
En ese sentido, el juez de tutela consideró necesario intervenir de manera provisional para evitar consecuencias que pudieran consolidarse antes de un análisis de fondo.
Lo que sigue
Además de admitir la tutela, el despacho ordenó vincular al proceso a la propia Silvia Gette, a la Universidad Autónoma del Caribe, al Ministerio Público y a las demás partes involucradas en el proceso penal.
Las entidades accionadas deberán pronunciarse en un plazo de dos días, ejerciendo su derecho a la defensa y contradicción.
La decisión de fondo sobre la tutela será la que determine si se mantiene o no la suspensión y el futuro jurídico del fallo que pretendía restituir a Gette en la rectoría.
