La joven aseguró en una entrevista con Vicky Dávila, de la revista SEMANA, que habría recibido contratos estatales en medio de una relación personal con el exmandatario. El Gobierno de Abelardo de la Espriella ordenó activar mecanismos institucionales para proteger su vida e integridad.
El Gobierno nacional anunció este domingo 25 de octubre la activación de una ruta institucional de protección para Deicy Jiménez, luego de que la joven hiciera públicas una serie de acusaciones contra el expresidente Gustavo Petro, relacionadas con presuntos beneficios contractuales, encuentros sexuales y el supuesto transporte de drogas.
La decisión fue adoptada por instrucción del presidente Abelardo de la Espriella y comunicada por el ministro de Justicia y ministro del Interior encargado, Iván Cancino, en coordinación con la Unidad Nacional de Protección (UNP). Las entidades señalaron que adelantarán las actuaciones correspondientes para salvaguardar la vida, la seguridad y la integridad de Jiménez.
En el comunicado oficial, el Ejecutivo reiteró que ninguna persona debe temer por su seguridad al ejercer actividades políticas, sociales o periodísticas, ni por acudir ante las autoridades para entregar su testimonio. También aseguró que las actuaciones se desarrollarán con diligencia, confidencialidad y respeto por los derechos de la denunciante.
Las acusaciones contra el expresidente
El caso se conoció a través de una entrevista concedida por Jiménez a Vicky Dávila, directora de SEMANA, publicada este domingo. En la conversación, la joven afirmó que conoció a Petro en 2019, cuando él se desempeñaba como senador, y que posteriormente habría mantenido una relación íntima con él.
Según su relato, después de trasladarse a Bogotá comenzó a trabajar en el Senado y obtuvo contratos en distintas entidades públicas durante aproximadamente cinco años. Entre las instituciones mencionadas figuran el Senado de la República, la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada y el Ministerio del Interior.
Jiménez sostuvo que Petro habría intervenido para ayudarla a conseguir esos vínculos contractuales y aseguró que otras mujeres habrían atravesado situaciones similares. La revista señaló que verificó registros contractuales de la joven en entidades públicas, aunque la existencia de esos contratos no demuestra por sí misma que hayan sido otorgados a cambio de favores sexuales.
La entrevistada también afirmó que conserva conversaciones, fotografías y videos que, según ella, respaldarían parte de sus señalamientos. El medio indicó que recibió material probatorio, pero que decidió reservar algunas imágenes y grabaciones para que sean examinadas por las autoridades competentes.
La supuesta red de mujeres
Otro de los puntos de la entrevista fue la presunta existencia de una red de mujeres que, según Jiménez, habría recibido contratos estatales en circunstancias similares. La joven calculó que podrían ser entre 30 y 40 personas y afirmó que algunas habrían sido vinculadas mediante contratos de prestación de servicios.
Estas declaraciones abren interrogantes sobre los procedimientos de contratación pública y la eventual utilización de recursos estatales para fines ajenos a las funciones institucionales. Sin embargo, las afirmaciones sobre la existencia y el funcionamiento de esa supuesta red deberán ser verificadas por las autoridades judiciales.
Jiménez también señaló que habría transportado drogas por solicitud de Petro cuando él era senador. Se trata de una acusación adicional que, al igual que los demás señalamientos, requiere investigación y corroboración independiente.
¿Qué implica la medida de protección?
La activación de la ruta institucional busca evaluar y atender los posibles riesgos que enfrenta Jiménez tras hacer públicas sus declaraciones. La intervención de la UNP contempla la valoración de las circunstancias de seguridad y la definición de las medidas que correspondan, de acuerdo con los procedimientos establecidos.
Hasta el momento, el comunicado gubernamental no especifica cuáles serán las medidas concretas que se adoptarán ni cuándo se implementarán. Las autoridades tampoco han divulgado detalles sobre una eventual investigación penal derivada de las declaraciones.
El anuncio sitúa el caso en el ámbito de la protección institucional, mientras se determina el alcance de las denuncias y la posible existencia de responsabilidades. La verificación de los documentos, la autenticidad de las conversaciones y las circunstancias en las que se celebraron los contratos serán aspectos centrales para esclarecer los hechos.
Por ahora, el Gobierno aseguró que garantizará la atención del caso y reiteró su compromiso de proteger a quienes consideren que su vida o integridad están en riesgo. Las acusaciones contra Petro, por su parte, deben entenderse como señalamientos de la entrevistada y no como hechos judicialmente establecidos.
