El Comité Intergremial Unidos por el Atlántico lanzó duras críticas al Concejo de Barranquilla por la aprobación de nueva estructura de impuestos para los barranquilleros. Se les fueron las luces afirma la presidenta del gremio, Sandra López
Tras la polémica generada por el anuncio de la aprobación en el Concejo Distrital de un nuevo Estatuto Tributario que impacta en la factura del servicio de energía en Barranquilla, a través del acuerdo No. 00066 de 2023, el Comité Intergremial Unidos por el Atlántico se pronunció.
El acuerdo No. 00066 de 2023 modifica el establece un nuevo incremento en el cobro de alumbrado público e Industria y Comercio (ICA) que podría impactar el bolsillo de los barranquilleros. Este impuesto se cobra en el recibo de luz. Este elimina dicho cobro para estratos 1 y 2, actualmente en $ 1.700 y $ 2.100, respectivamente.
Sin embargo, da ‘luz verde’ a aumentos de hasta el 42 por ciento en el sector comercial, y hasta el 29 por ciento en el sector residencial, lo que encarecerá la factura de Air-e.
Para el Comité, la noticia es bienvenida por considerarlo “justo para los sectores más vulnerables”, pero cuestiona el traslado del cobro a los demás sectores y el incremento “desproporcionado”.
“La reforma es tan onerosa, que solo en el sector residencial los incrementos aprobados entre estratos 3 y 6 le asegurarán a la empresa de economía mixta Kyena, que maneja el alumbrado público, un recaudo casi 6 veces superior al año 2023”, expresó Sandra López.
Agregó que el nuevo Estatuto Tributario creó, además, tres nuevos rangos de cobro para el sector comercial y dos para el sector industrial. Para estos rangos, el incremento es de casi el 42 por ciento.
El Comité lamentó que esta aprobación “sin debate” se haya realizado “a puerta cerrada” el 30 de noviembre, el mismo día en que se realizó una Asamblea de Usuarios de Servicios Públicos en la ciudad, sin la asistencia de los concejales y del alcalde Jaime Pumarejo.
“Los bolsillos más apabullados serán los de los comerciantes, que viven además una ola de inseguridad y extorsiones. La aprobación es un nuevo golpe a los bolsillos de la ciudadanía barranquillera y del sector productivo”, terminó señalando la vocera Sandra López .
