La insolvencia económica se ha convertido en una alternativa para personas naturales y pequeños empresarios que, ante el crecimiento de sus deudas, encuentran dificultades para cumplir con sus obligaciones financieras. Este mecanismo, conocido anteriormente como la ‘ley de quiebras’, busca que los ciudadanos puedan reorganizar sus acreencias y establecer acuerdos de pago de acuerdo con su verdadera capacidad económica, sin que esto signifique evadir sus responsabilidades.
Así lo explicó Óscar Carrillo, director nacional de la Fundación Liborio Mejía, en entrevista exclusiva con Extra Noticias. La entidad organiza el XII Congreso de Insolvencia Económica, que se realizará los días 13 y 14 de agosto en el Gran Salón de Comfamiliar, sede Villa Campestre, en Barranquilla.
Carrillo aclaró que acogerse a un proceso de insolvencia no implica dejar de pagar las deudas. Por el contrario, permite que el deudor presente una propuesta a sus acreedores para reorganizar sus obligaciones, teniendo en cuenta sus ingresos, el número de cuotas que realmente puede asumir y el tiempo que necesitará para saldar sus compromisos. Dentro de las posibilidades del proceso también se pueden solicitar medidas como la condonación de intereses.
Uno de los aspectos importantes es que las obligaciones se atienden de manera organizada, conforme a la prelación de créditos establecida por la legislación. De esta manera, la persona no necesariamente debe afrontar de manera simultánea las obligaciones que mantiene con múltiples entidades financieras, sino que estas se gestionan siguiendo el orden establecido dentro del proceso.
El director nacional de la Fundación Liborio Mejía también destacó los efectos que puede generar la aceptación del proceso de insolvencia. Entre ellos se encuentran la suspensión de libranzas, de procesos ejecutivos y de actuaciones encaminadas al embargo o remate de bienes, lo que brinda al deudor un margen para reorganizar su situación financiera y negociar nuevamente con sus acreedores.
“Esta norma está diseñada para aquella ciudadanía que se encuentra en esta situación, ya no sabe qué hacer”, explicó Carrillo, al señalar que el objetivo es brindar una alternativa para que las personas puedan reorganizar sus deudas, recuperar su estabilidad económica y posteriormente volver a acceder al sistema financiero.
¿Por qué las personas llegan a la insolvencia?
De acuerdo con Carrillo, no existe una única razón por la que una persona puede terminar enfrentando una situación de insolvencia. Entre los factores se encuentran el acceso fácil al crédito, una administración inadecuada de las finanzas personales y situaciones externas que afectan la capacidad de pago.
También recordó el impacto que tuvo la pandemia en numerosos pequeños comerciantes, quienes vieron afectados sus ingresos y, en muchos casos, tuvieron que recurrir al endeudamiento para mantener sus negocios.
Sin embargo, el experto resaltó que detrás de estas situaciones también existe un componente relacionado con la educación financiera. Conocer cómo administrar los ingresos, utilizar responsablemente el crédito y planificar las obligaciones puede ser determinante para evitar que las deudas terminen superando la capacidad de pago.
Precisamente, este será uno de los asuntos que se abordarán durante el XII Congreso de Insolvencia Económica. La Fundación Liborio Mejía contará con la participación de expertos en finanzas que expondrán sobre educación y gestión financiera, con el propósito de que quienes atraviesen un proceso de insolvencia puedan adquirir herramientas para administrar adecuadamente sus recursos después de acogerse al mecanismo.
Carrillo sostuvo que la insolvencia representa, en esencia, una segunda oportunidad. Sin embargo, esa nueva posibilidad debe estar acompañada de mejores hábitos financieros que permitan a las personas reorganizar sus acreencias y evitar volver a caer en una situación de sobreendeudamiento.
Durante el Congreso, que se desarrollará el 13 y 14 de agosto en Barranquilla, se analizarán precisamente estos mecanismos, sus alcances y las herramientas que ofrece la legislación para quienes buscan una salida ordenada a sus dificultades económicas.
