El excandidato presidencial Iván Cepeda publicó un comunicado titulado “Anuncio de desobediencia civil ante violación de nuestra dignidad nacional”, en el que asegura que no reconocerá como legítimo un eventual gobierno de Abelardo de la Espriella si, antes de posesionarse, no se aclaran una serie de situaciones que, según él, comprometen la soberanía nacional y la legalidad de su eventual mandato.
En el documento, Cepeda desarrolla doce puntos en los que expone las razones que sustentan su postura y concluye anunciando que, de no cumplirse las condiciones que plantea, emprenderá un proceso de desobediencia civil pacífica, invitando a quienes votaron por él a hacer lo mismo.
Uno de los primeros argumentos del dirigente político gira alrededor de la ciudadanía estadounidense de Abelardo de la Espriella. Cepeda sostiene que el hoy presidente electo prestó juramento de naturalización en Estados Unidos, lo que, según afirma, implica una “lealtad exclusiva al orden constitucional” de ese país cuando exista un conflicto con otro orden constitucional. En consecuencia, considera que esa condición resulta incompatible con el ejercicio de la Presidencia de Colombia, pues, a su juicio, en un eventual conflicto entre ambas naciones tendría que privilegiar los intereses estadounidenses.
El comunicado también recuerda que entre 2013 y 2019 De la Espriella fue abogado y asesor legal de Alex Saab, procesado por lavado de activos en Estados Unidos. Cepeda reconoce que el propio abogado ha admitido haber ejercido esa representación y que ha sostenido públicamente que se trató únicamente del ejercicio profesional de la defensa de un cliente, asegurando además que los honorarios recibidos fueron legales y que su actuación estuvo enmarcada en la actividad jurídica.
Sin embargo, Cepeda afirma que existen hechos que, según él, ponen en duda esa explicación. En ese sentido menciona una comunicación enviada recientemente por once congresistas del Partido Demócrata de Estados Unidos al fiscal general de ese país, en la que, asegura, se habla de evidencias según las cuales transacciones bancarias e inmobiliarias financiadas parcialmente por Alex Saab habrían beneficiado a De la Espriella y que algunos activos adquiridos en territorio estadounidense podrían haber sido obtenidos ilegalmente.
El dirigente cita además apartes de esa comunicación, en la que los congresistas afirman que esos hechos representarían el ingreso de fondos ilícitos a Estados Unidos y otras denuncias creíbles sobre posibles conductas delictivas de De la Espriella, por lo que consideran necesaria una investigación rigurosa por parte de las autoridades estadounidenses.
En otro apartado, Cepeda hace referencia a declaraciones del presidente electo en las que este habría asegurado que contribuyó a acercamientos entre Alex Saab y autoridades de Estados Unidos para resolver su situación judicial. A partir de ello, sostiene que debe esclarecerse cuál fue la naturaleza de esa colaboración, teniendo en cuenta que Saab y, según afirma, al menos un socio de De la Espriella fueron procesados por la justicia.
El comunicado también menciona la relación que, según Cepeda, mantuvo De la Espriella con Jorge Luis Hernández Villazón, alias ‘Boliche’, a quien identifica como narcoparamilitar e informante de agencias federales estadounidenses. Además, cita al periodista Daniel Coronell, quien señaló que Hernández Villazón fue capturado por, presuntamente, cobrar altas sumas de dinero a delincuentes prometiéndoles beneficios judiciales que no podía ofrecer. Cepeda agrega que uno de los cómplices de alias ‘Boliche’ sería Daniel Peñarredonda Gómez, socio de De la Espriella.
Con base en esos antecedentes, el líder de la oposición considera que las autoridades de Estados Unidos deben aclarar si De la Espriella ha sido o es colaborador de la DEA, la CIA o cualquier otra agencia de seguridad de ese país, pues, en su criterio, esa condición pondría en duda su idoneidad para ejercer como jefe de Estado colombiano y garante de la soberanía nacional.
Otro de los argumentos planteados por Cepeda se refiere a una supuesta injerencia del presidente estadounidense Donald Trump en el proceso electoral colombiano. En el comunicado sostiene que el mandatario norteamericano afirmó que su intervención fue determinante para la elección de De la Espriella el pasado 21 de junio y asegura que esa situación se suma a las preocupaciones que expone en el documento.
Cepeda sostiene además que la doble condición de presidente de Colombia y ciudadano estadounidense de De la Espriella, sumada a la presunta colaboración con agencias de seguridad de ese país, podría generar escenarios en los que, según afirma, se comprometan la seguridad nacional y la soberanía judicial colombiana.
Como ejemplo, cuestiona el anuncio realizado por el presidente electo sobre la eventual anexión de Colombia al denominado “Escudo de las Américas”, señalando que esa propuesta fue presentada sin consultar al Congreso de la República ni a la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores. Según Cepeda, ese mecanismo implicaría un alineamiento militar bajo las directrices de Estados Unidos y respondería a intereses geoestratégicos distintos a los de Colombia.
El comunicado también afirma que, gracias a las gestiones de De la Espriella y sus colaboradores, fue arrestado en Estados Unidos el creador de contenido Beto Coral, a quien Cepeda califica como un preso político. Asimismo, sostiene que el presidente electo ha remitido listados de decenas de colombianos al Departamento de Justicia estadounidense para que sean investigados, lo que, según él, desconoce las competencias de la justicia colombiana y constituye una afectación a la soberanía judicial del país.
En otro de los apartados, Cepeda asegura que autoridades judiciales estadounidenses deben aclarar si dos fiscales del distrito de Brooklyn, en Nueva York, investigan actualmente al presidente Gustavo Petro. Añade que De la Espriella ha manifestado públicamente su intención de solicitar la extradición del actual jefe de Estado.
Tras exponer esos argumentos, el excandidato afirma que, mientras todas esas situaciones no sean aclaradas y De la Espriella no renuncie a su ciudadanía estadounidense, no debería posesionarse como presidente de la República, y sostiene que, de hacerlo, su posesión estaría “viciada por ser ilegal e ilegítima”.
Cepeda enumera posteriormente cuatro exigencias que, según él, deben cumplirse: que De la Espriella renuncie a la nacionalidad estadounidense y aclare si pertenece o colabora con agencias de seguridad de ese país; que respete plenamente la seguridad nacional y la soberanía judicial de Colombia; que desista de cualquier intento de extraditar al presidente Gustavo Petro; y que cese cualquier acción que, en su criterio, represente persecución contra opositores políticos mediante autoridades judiciales estadounidenses.
Finalmente, el dirigente anuncia que, si esas condiciones no se cumplen, como líder de la oposición y candidato que obtuvo más de 12,7 millones de votos, emprenderá un proceso de desobediencia civil pacífica, argumentando que no reconocerá la autoridad de quien, según afirma, no garantice la defensa de la soberanía nacional.
En ese sentido, hace un llamado a quienes lo respaldaron en las urnas para que también desconozcan de manera pacífica cualquier orden proveniente de un eventual gobierno que, a su juicio, no cumpla con la obligación de defender la Constitución y la soberanía del país. El comunicado concluye señalando que, cuando la ley, las instituciones o la autoridad entren en conflicto con la conciencia moral, “el ciudadano no solo tiene el derecho, sino el deber de resistir pacíficamente”, y afirma que eso será lo que harán si, según sus palabras, Abelardo de la Espriella “toma el camino de violar nuestra dignidad nacional”.
