Este lunes continúa el juicio que enfrenta el expresidente Álvaro Uribe Vélez por presunta manipulación de testigos, uno de los procesos más mediáticos de los últimos años en Colombia. En medio de las diligencias, la jueza Sandra Heredia se pronunció sobre uno de los puntos más controversiales del caso: las interceptaciones telefónicas realizadas en 2018 por la Corte Suprema de Justicia.
La jueza confirmó la legalidad de dichas grabaciones, pese a que estas fueron hechas por error al número de teléfono de Uribe, cuando en realidad la orden era interceptar al entonces senador Nilton Córdoba. Durante la audiencia, Heredia explicó:
“Las interceptaciones se llevaron a cabo únicamente en días hábiles dentro del periodo comprendido entre el 12 y el 27 de marzo del 2018. Una vez presentado el informe quedaba cuenta del hallazgo inevitable, esto es, la identificación de Álvaro Uribe Vélez como titular de la línea. No se continuó con la vigilancia magnetofónica por ser incompatible con el deber de cesar una actividad investigativa cuando su objeto ya no resulta jurídicamente viable.”, indicó.
Estas grabaciones fueron realizadas por el técnico investigador del CTI, Óscar Humberto Álvarez Muñoz, y generaron una intensa polémica desde que se conoció su origen. La defensa del exmandatario ha sostenido que dichas pruebas son “ilegales”, al considerar que no existía una autorización para intervenir su línea telefónica.
Sin embargo, pese al error inicial, las interceptaciones fueron admitidas en el proceso judicial. Para la Fiscalía, lo que se escuchó en esas llamadas es clave, ya que, según argumenta, en ellas se hablaría sobre cómo buscar retractaciones de testigos que vincularon a Uribe con grupos paramilitares.
Con esta decisión, se despeja uno de los debates más técnicos del juicio, en una etapa clave del proceso que busca esclarecer la presunta intención del expresidente de manipular testimonios en su favor.
