Una advertencia urgente para la propiedad horizontal. En el contexto de la propiedad horizontal, la frase “lo barato sale caro” no solo es una expresión popular; es una advertencia que, si no se toma con seriedad, puede convertirse en un problema estructural que afecte la vida comunitaria, los bienes comunes, la calidad del servicio y la sostenibilidad administrativa y financiera de cualquier copropiedad. La experiencia acumulada en cientos de edificios y conjuntos residenciales demuestra que las decisiones que priorizan exclusivamente el precio por encima de la calidad o de la idoneidad, terminan por convertirse en verdaderos dolores de cabeza.
Contratar un servicio por ser el más económico puede parecer inicialmente una “jugada inteligente” desde el punto de vista presupuestal. Pero, en la práctica, esto se traduce con frecuencia en trabajos mal ejecutados, incumplimientos, sobrecostos inesperados, reparaciones reiteradas, problemas legales por demandas o reclamos, y un creciente descontento por parte de los residentes. Los servicios de vigilancia, aseo, mantenimiento de ascensores, jardinería, administración y hasta las capacitaciones se ven expuestos a esta lógica errada. Empresas o personas sin experiencia, sin certificaciones, sin soporte técnico o jurídico, entran a operar en las copropiedades porque su propuesta fue “la más barata”.
Esto es particularmente grave cuando se elige al administrador bajo esta misma lógica. La administración de una copropiedad no es un cargo decorativo ni una figura secundaria; es una responsabilidad de gran peso, que requiere conocimientos jurídicos, técnicos, contables y sociales, entre otros muchos. Pero si el único criterio para su contratación es pagar el menor honorario posible, la copropiedad termina con un administrador mal remunerado, desmotivado o inexperto, sin las herramientas suficientes para enfrentar las complejidades del día a día. El resultado: decisiones deficientes, falta de gestión, deterioro progresivo de la propiedad y tensiones constantes con los residentes.
En este punto es clave insistir: tampoco se trata de contratar lo más costoso pensando que el precio elevado garantiza excelencia. La clave está en buscar equilibrio, calidad y pertinencia. Es decir, optar por proveedores que ofrezcan un servicio ajustado a las verdaderas necesidades de la copropiedad, con precios razonables y justificados, con experiencia comprobada, con referencias verificables, con contratos claros y con garantías reales. Ni el extremo de lo barato ni el de lo caro es garantía por sí mismo de buen servicio. El criterio debe ser técnico, no emocional ni impulsivo.
En muchas ocasiones, lo que se presenta como ahorro termina siendo un engaño. Se contrata un servicio de mantenimiento “económico”, pero los repuestos son de baja calidad y fallan en semanas. Se adquiere una póliza de seguros “con descuento”, pero al momento de reclamar, la letra pequeña deja a la copropiedad desprotegida. Se firma un contrato de aseo por debajo de los valores del mercado, pero los trabajadores están mal remunerados, rotan constantemente y el resultado es un servicio deficiente. Y cuando se intenta remediar el daño, se han perdido tiempo, recursos y tranquilidad.
Adicionalmente, se debe tener en cuenta que la contratación en propiedad horizontal no puede entenderse solo desde el precio, sino desde el impacto a mediano y largo plazo. Una mala decisión puede afectar la valorización de los inmuebles, generar conflictos entre vecinos, abrir procesos jurídicos e incluso exponer a la copropiedad a sanciones por incumplimiento de normativas legales. Por ello, la contratación debe tener criterios técnicos, éticos y de responsabilidad social.
A su vez, es importante destacar que cada comunidad tiene particularidades: número de unidades, ubicación, edad de la edificación, perfil de residentes, nivel de riesgo, entre otros factores. Por eso, las decisiones contractuales no deben basarse en la comparación superficial con lo que paga otro edificio o conjunto. Deben basarse en un análisis técnico, en un diagnóstico real de necesidades, y en un proceso serio de evaluación de proveedores. Solo así se puede garantizar que el contrato firmado responda a la realidad de la copropiedad y no a una ilusión de ahorro.
En este sentido, también es válido señalar que el contratista ideal no es necesariamente el más costoso, sino el que logre equilibrar calidad, cumplimiento, soporte y un costo razonable para la comunidad. No se trata de despilfarrar ni de “gastar por gastar”. Se trata de invertir de manera responsable y con visión de sostenibilidad. Buscar lo más barato sin criterio no es ahorro, es un riesgo.
Finalmente, desde esta columna hago un llamado urgente a todos los actores de la propiedad horizontal —copropietarios, consejos de administración, comités de convivencia y administradores— para que se comprometan a tomar decisiones con más responsabilidad y previsión. Que se evalúe a fondo cada propuesta, que se valoren los antecedentes de cada proveedor, que se estudien los contratos antes de firmarlos, que se exijan garantías y se pague lo justo por un servicio digno y profesional. Porque solo así se protege el patrimonio, se mejora la convivencia y se asegura el buen funcionamiento de las copropiedades.
Porque sí, en propiedad horizontal como en la vida: lo barato casi siempre sale caro.
Y lo justo, lo profesional y lo responsable… sale a cuenta.
Escrito por:
Jorge Enrique H
El caballero de la PH
