En el ámbito de la Propiedad Horizontal (PH), donde convergen responsabilidades administrativas, jurídicas, contables y técnicas, la idoneidad profesional no es un lujo sino una necesidad esencial. Sin embargo, en la práctica cotidiana de muchos conjuntos residenciales y edificios, se ha venido consolidando una problemática silenciosa, pero de alto impacto: la presencia de individuos que, sin contar con la formación, experiencia o acreditación profesional correspondiente, se presentan como expertos ante administradores y consejos de administración.
Estos personajes, a quienes podemos denominar sin ambages como “falsos profetas en la PH”, construyen discursos aparentemente técnicos, utilizan terminología especializada y, en muchos casos, se apoyan en la urgencia o desconocimiento de quienes toman decisiones dentro de la copropiedad. Bajo esta fachada, logran generar confianza suficiente para ser contratados, asesorar procesos o incluso intervenir en decisiones de alto impacto, obteniendo a cambio beneficios económicos o contractuales que no corresponden a una verdadera prestación profesional.
El riesgo que representan no es menor. La Propiedad Horizontal es un sistema regido por normas específicas, donde una mala decisión puede derivar en consecuencias legales, sanciones económicas, conflictos entre copropietarios e incluso responsabilidades disciplinarias o fiscales para administradores y consejeros. Cuando una persona sin la debida competencia interviene en estos escenarios, el margen de error se amplía considerablemente.
Uno de los aspectos más preocupantes es que estos falsos profesionales suelen operar en áreas sensibles como la asesoría jurídica, la revisoría fiscal, la seguridad y salud en el trabajo, la contabilidad o incluso en aspectos técnicos de infraestructura. Al carecer de formación certificada, sus recomendaciones pueden estar basadas en interpretaciones erróneas, prácticas inadecuadas o, en el peor de los casos, en un interés deliberado de beneficio propio.
Adicionalmente, su actuar no solo afecta a la copropiedad como institución, sino que también debilita la confianza en los verdaderos profesionales que ejercen de manera ética y responsable. La informalidad y la falta de verificación previa permiten que este fenómeno se perpetúe, generando un entorno propicio para el engaño.
Es importante destacar que la responsabilidad no recae únicamente en quien se presenta falsamente como profesional, sino también en quienes, por omisión o falta de diligencia, permiten su vinculación. La buena fe no exime del deber de verificación. En un entorno como la PH, donde se administran recursos de terceros y se toman decisiones colectivas, la prudencia y el rigor deben ser principios rectores.
Por ello, resulta indispensable fortalecer la cultura de la verificación y la contratación responsable. No basta con una buena impresión, una recomendación informal o una propuesta económica atractiva. Es necesario validar la formación académica, la experiencia comprobable y, sobre todo, la habilitación legal para ejercer determinadas profesiones.
En este sentido, es fundamental recordar que muchas actividades dentro de la PH están reguladas y exigen requisitos específicos. Profesiones como la contaduría pública, el derecho, la ingeniería o la revisoría fiscal requieren no solo títulos académicos, sino también inscripción en los respectivos entes de control mediante la correspondiente tarjeta profesional. Este documento no es un simple trámite, sino la evidencia de que el profesional está legalmente facultado para ejercer y sujeto a un régimen disciplinario.
Reflexión final
A los administradores de Propiedad Horizontal y a los miembros de los consejos de administración: la prevención es la mejor herramienta frente a los falsos profetas en la PH. Antes de celebrar cualquier contrato o aceptar asesorías, es indispensable realizar una verificación rigurosa de la idoneidad del profesional.
Como requisito mínimo e ineludible, se debe solicitar y validar la tarjeta profesional correspondiente, así como los antecedentes disciplinarios y la experiencia real en el área ofrecida. Este sencillo pero fundamental paso puede marcar la diferencia entre una gestión transparente y eficiente, y una situación que derive en responsabilidades legales o perjuicios para la copropiedad.
Actuar con diligencia no solo protege los intereses de la PH, sino que también dignifica la gestión administrativa y fortalece la confianza en las decisiones tomadas. En un entorno donde la responsabilidad es compartida, la rigurosidad en la selección de quienes asesoran no es opcional: es un deber.
Escrito por:
Jorge Enrique Hernández Alonso
