Por: Katiuska Azócar López
Hay escenas que se miran sin atención. En Barranquilla y en el Atlántico, una de ellas es la de los niños que recorren las calles pidiendo dinero, vendiendo dulces, limpiando vidrios o acompañando a adultos en los semáforos. Los vemos mientras esperamos que cambie la luz, bajamos la mirada, entregamos unas monedas o simplemente seguimos nuestro camino. Y quizá lo más preocupante es que, poco a poco, hemos comenzado a asumir esa escena como parte de la cotidianidad.
La mendicidad infantil no puede entenderse únicamente como una consecuencia de la pobreza. Detrás de un niño que pide dinero puede existir una familia que atraviesa dificultades económicas, pero también pueden aparecer situaciones de explotación, negligencia, abandono o adultos que utilizan a los menores para obtener ingresos.
Por eso, la respuesta tampoco puede limitarse a retirar a los niños de los semáforos durante una jornada. Si queremos resolver el problema, tenemos que preguntarnos qué sucede antes de que ese niño llegue allí y qué ocurre después de que deja la calle.
Y aquí tenemos una responsabilidad que va más allá de las instituciones. El Estado debe actuar, por supuesto. Las alcaldías, las autoridades de infancia, las comisarías de familia, el ICBF, y las demás entidades competentes tienen que contar con mecanismos efectivos para identificar, atender y proteger a los menores que se encuentran en estas circunstancias. Pero ninguna política pública puede funcionar completamente si la sociedad decide que aquello que sucede en la esquina de nuestra casa no nos corresponde.
En el caso de Barranquilla, esta responsabilidad recae, en lo que respecta a lo legal, en la Secretaría de Gestión Social, a cargo del Señor Ismael Marín, los cuales deberían priorizar no solo la atención a esta población, sino también a la creación de estrategias que ayuden a mitigar los efectos de la mendicidad.
Más allá de las cifras, que traspasan el papel, y que se notan en las calles, el actual Secretario, se nota tardío en las respuestas, o más bien en las acciones frente a lo que respecta el tema. Por lo que me lleva a pensar que no es solo necesario reconocer las señales de riesgo, ni la atención de lo público, sino que entonces la responsabilidad final debe ser traslada a la comunidad, como un trabajo colectivo y colaborativo.
Denunciar no significa perseguir a una familia pobre ni criminaliza a quien pide ayuda. Significa que, cuando existen indicios de que un niño está siendo obligado, utilizado o expuesto a una situación que amenaza sus derechos, debemos poner esa información en conocimiento de quienes tienen las herramientas para intervenir. Necesitamos rutas claras, canales accesibles y respuestas institucionales que permitan que una denuncia no se pierda entre trámites y escritorios.
En nuestros barrios existen mujeres que durante años han convertido sus propias casas y espacios comunitarios en lugares de cuidado. Mujeres que conocen a las familias, saben quién llegó recientemente al barrio, quién necesita ayuda, qué niño dejó de asistir a sus actividades y cuáles son las circunstancias que pueden ponerlo en riesgo.
Cuando cuentan con formación, acompañamiento, recursos y condiciones dignas para realizar su trabajo, las madres comunitarias pueden convertirse en una pieza fundamental de una política de prevención de la mendicidad infantil.
Un niño que durante sus primeros años encuentra un lugar seguro donde recibir alimentación, aprender sus primeras letras, jugar, relacionarse con otros niños y estar acompañado mientras sus padres trabajan tiene una oportunidad distinta de crecer.
En Barranquilla y el Atlántico necesitamos fortalecer esa red. No podemos esperar a que un niño llegue al semáforo para preguntarnos qué podemos hacer por él. La verdadera intervención empieza mucho antes: en el barrio, en la familia, en los centros de atención, en las instituciones educativas, en las organizaciones sociales y también en la mirada de quienes compartimos diariamente el espacio público.
Quizás el reto más grande sea dejar de preguntarnos cuánto dinero debemos darle al niño que tenemos enfrente y empezar a preguntarnos por qué ese niño está allí. Esa pregunta cambia todo. Nos obliga a mirar el problema de frente, a exigir mejores mecanismos de protección, a denunciar cuando sea necesario y, sobre todo, a entender que proteger a nuestros niños no es solamente una tarea del Estado.
