Germán Castro, delegado para asuntos de energía de la Contraloría general de la República enfatizó que los precios en bolsa y la falta de subsidios tienen en riesgo a los operadores de los servicios de energía eléctrica.
El funcionario se pronunció luego de que el organismo de control advirtiera sobre un eventual apagón financiero en el sistema eléctrico del Caribe colombiano.
“Todos los operadores y distribuidores comercializadores de energía están pasando por una situación difícil. Así lo han comunicado los gremios en los que muestran que hay una opción tarifaria que se tiene pendiente de reconocérseles, que vienen causándoles problemas de caja muy complicados. Esta situación se agudiza porque ante un incremento de bolsa hace que adquirir energía sea mucho más costosa y al no adquirir la energía empiezan a tener problemas de suministro”, explicó el funcionario.
Indicó que: “Podemos observar un posible riesgo sistémico en el que en algunas de esas emergencias le tocaría al gobierno, a través de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, intervenir las empresas para operarlas con los costos que estos generan al estado y los problemas fiscales que les causarían al gobierno”.
Señaló que la Contraloría está lanzando una alerta pública tanto para el Gobierno, los gremios y la ciudadanía para que se conozca el tema. “La Contraloría tiene algunas herramientas que, ante un posible riesgo fiscal, puede lanzar las alertas para lograr el control concomitante para notificar a los responsables y que se hagan responsables de estos temas”, afirmó.
Hay que señalar que la Contraloría General de la República informó que, a través de su Delegada de Minas y Energía, avanza en el estudio del aumento extraordinario y al parecer injustificado de las tarifas de energía en zonas del país como la Costa Atlántica.
Asimismo, indicó que se realiza un amplio análisis para evaluar la pertinencia de los costos de las tarifas de energía y gas combustible, como herramienta para la implementación de la política de prestación de los servicios públicos, y su impacto fiscal en los esquemas de subsidios respectivos.
Al organismo de control le preocupa la demora en la toma de medidas efectivas para resolver los problemas de liquidez de las empresas comercializadora, una situación que se ha visto agudizada por las medidas regulatorias para contener los aumentos tarifarios, hecho que podría tener impactos negativos en la estabilidad del suministro de energía en el país.
