Superar las barreras que existen en el desarrollo de los proyectos de energías renovables no convencionales en La Guajira, constituye uno de los más grandes retos que tiene el Gobierno Nacional. No solo para cumplir una de sus promesas de campaña que se configura en la ambiciosa estrategia de despliegue de las energías limpias, sino que también implica la responsabilidad de garantizar la seguridad energética de todo el país.
Entre las aristas de los proyectos se encuentran principalmente, los retrasos en las consultas previas y licencias ambientales, que tienen bloqueados a muchas de las grandes obras, entre ellas las líneas de Transmisión Colectora – Cuestecitas y Cuestecitas – La Loma, y la Subestación Colectora, que debe conectar importantes proyectos solares y eólicos de La Guajira y el César al Sistema Interconectado Nacional (SIN).
Al ser La Guajira, un territorio estratégico para impulsar la transición energética, debido a que cuenta con una velocidad del viento que duplica las estimaciones globales, y una radiación solar un 60% más alta que el promedio mundial, resolver las problemáticas que se están presentando con los proyectos renovables es un tema clave para el futuro energético de Colombia.
Es un gran avance que para el periodo 2023 y 2024, se le asignara a La Guajira un 94% más de recursos por concepto de regalías, para fortalecer la inversión en renovables. De acuerdo con la Unidad de Planeación Minero Energética (Upme): “Solo en La Guajira, aprovechando el 50% del área del departamento y asumiendo que los proyectos son de 100 MW, y la velocidad media plurianual de la zona, el potencial es cercano a los 15.000 MW, esto sin incluir los desarrollos fuera de la costa”.
La resistencia y el escepticismo de la comunidad Wayúu ante el despliegue de la industria de energías renovables en su territorio, tiene su origen en los históricos abusos de los que han sido víctima, por parte de anteriores proyectos extractivos de índole minera y energética. Una puerta que intenta abrir el Gobierno de Gustavo Petro, a través del acercamiento de los diálogos con la comunidad, en cabeza de la Ministra de Minas y Energía, Irene Vélez, quien ha demostrado entre sus fortalezas su conocimiento por los problemas sociales del país, así como su capacidad de concertación y entendimiento con las comunidades.
Tenemos claro que el derecho fundamental a la consulta previa de las comunidades étnicas que se encuentran en el área de influencia de los proyectos, obras o actividades (POA), debe ser percibido como la oportunidad para darle solidez y equidad al desarrollo sostenible. Necesitamos la implementación de procesos inclusivos y respetuosos de la identidad cultural de los indígenas, que tengan en cuenta su realidad social, ambiental y económica. Trabajar en armonía con las poblaciones, involucrándolas en las etapas de formulación, implementación y evaluación será determinante para destrabar muchos de los proyectos y generar confianza.
Confiamos en que la estrategia Interministerial de Gestión de Proyectos Renovables en La Guajira, desplegada por el ministerio de Minas, arroje buenos resultados y por fin logre aminorar las tensiones y despejar las dudas de las comunidades indígenas alrededor de los proyectos renovables que buscan beneficiar a la población. Sin duda es un trabajo arduo, el que tiene por delante la cartera minero-energética, pero no imposible si se establecen correctos mecanismo de participación a través de un ejercicio transparente, responsable y garante.
