En una entrevista en exclusiva, el profesor Alberto Ortiz Saldarriaga, hasta hace poco miembro de la Junta Directiva de la Asociación de Educadores del Atlántico (ADEA), denunció haber sido expulsado de manera “arbitraria” por un grupo reducido de integrantes del sindicato, lo que calificó como una vulneración directa a sus derechos y a los de su equipo.
Ortiz afirmó que cinco de los once miembros de la junta se habrían “tomado el control” del sindicato para sacar del camino a su grupo político y facilitar así el ascenso de figuras afines a otros intereses. “Desde todo punto de vista, una absoluta y rotunda arbitrariedad”, declaró. Según explicó, su expulsión se dio con una “violación absoluta del debido proceso”, y no solo lo afectó a él, sino también a los demás integrantes de su lista, quienes fueron inhabilitados para ocupar su lugar en la fiscalía de ADEA.
“Me expulsaron a mí, pero también cercenaron los derechos políticos de los miembros de mi lista. No pueden participar, no pueden reemplazarme ninguno de ellos”, señaló Ortiz. En sus declaraciones, acusó que el verdadero objetivo de sus opositores es permitir que Gerardo Varela asuma la fiscalía del sindicato, en representación de una facción política cercana a los directivos Pesonero Escodero y Grimaldo Mejía.
El profesor también apuntó contra el Ministerio de Trabajo, alegando que una funcionaria de la entidad reconoció como válida una acta del 7 de mayo de 2025, lo que permitió devolver la presidencia de ADEA a Carlos Noriega. “Con ese acta vieja, la funcionaria del Ministerio se dejó inducir a error y expidió un reconocimiento de Junta que es desde todo punto de vista ilegal”, agregó.
Ortiz anunció que tomará acciones legales ante la Fiscalía y el Ministerio de Trabajo para exigir la revocatoria de la resolución que reconoció a la nueva Junta Directiva. “Es un abuso, es un asalto, es una toma”, concluyó.
