“Si queremos llegar a la Paz Total es necesario construir un modelo de justicia que le sea útil al proceso. No se puede condenar y judicializar a todo el mundo con el actual sistema de justicia en crisis, porque quienes se desmovilizan no tendrían un incentivo para hacerlo, si al final terminan en la cárcel y sin ningún recurso económico que les permita sobrevivir. Pero, además, porque no existe la infraestructura para judicializar a todo el mundo, ni las cárceles para privarlos de la libertad. No obstante, si todo funcionara y se tuvieran los espacios, la pregunta sería: ¿qué motivación tendrían los interesados para someterse a la justicia si lo único que les espera es la cárcel y la pobreza?”.
La anterior es una de las muchas reflexiones que quedaron consignadas en el proyecto de ley de la Paz Total, que está a la espera de ser aprobado por el Gobierno nacional después de ser estudiada por el Senado y la Cámara de Representante.
También señala que: “La propuesta de Paz Total tiene que buscar una ruta de reparación integral de las comunidades y de los territorios que han sido víctimas del conflicto armado, la violencia y el narcotráfico. Debe garantizar la presencia integral del Estado en los territorios, con una oferta eficaz de seguridad y de derechos fundamentales que armonice las políticas de seguridad con las de desarrollo económico y social, de bienestar y de gobernabilidad, así como con las de convivencia democrática. Como se ha señalado, se requiere de un nuevo modelo de intervención del Estado en los territorios que genere una decidida participación de la población y de las comunidades organizadas en la construcción de sus propias rutas de desarrollo y bienestar, las cuales contribuyan al mantenimiento de las condiciones de convivencia pacífica, fortalezcan la gobernabilidad y sean protagonistas centrales de la gestión de las políticas públicas, de las agendas, los proyectos y los planes integrales de desarrollo”.
El documento de casi 500 páginas presenta aproximaciones conceptuales a la noción de la Paz Total, un análisis concienzudo de la paz desde el punto de vista territorial. Al respecto indica que: “La situación de violencia requiere cuanto antes, mientras se logre un acuerdo definitivo de desmovilización o sometimiento a la justicia, reducir la violencia y proteger a la población civil, lo que demanda la aplicación inmediata del derecho internacional humanitario, al compás de los compromisos que se ratificaron a mediados de los noventa, relativos a los Convenios de Ginebra y el Protocolo Adicional de 1977 para conflictos armados no internacionales, sobre la protección de civiles”.
El Gobierno de Gustavo Petro ha conseguido dar un paso importante para hacer realidad su ambiciosa propuesta de Paz Total. La Cámara de Representantes ha aprobado el proyecto de ley que prorroga el marco legal que existe desde 1997 para negociar con actores armados, y que trae normas adicionales con la impronta del Gobierno. El proyecto contó con 125 votos a favor y 13 en contra, tras dos días de debates. Una comisión de representantes y senadores deberá conciliar las diferencias entre los dos textos aprobados.
Hay que resaltar que el texto aprobado extiende la noción de paz, tradicionalmente vinculada a actores armados con estatus político, al sometimiento de grupos del crimen organizado. Establece dos tipos de procesos diferenciados. Primero, los tradicionales, que se llevarán a cabo con “grupos armados organizados al margen de la ley” para llegar a acuerdos de paz. En este apartado entra el Ejército de Liberación Nacional (ELN), la guerrilla más antigua de Latinoamérica, con la que el Gobierno espera comenzar negociaciones en los primeros días de noviembre. En un segundo punto están los nuevos, los “acercamientos” con “estructuras armadas de crimen de alto impacto” para que se sometan a la justicia. Estos incluyen a grupos que no son de naturaleza política y que pueden estar asociados a economías ilegales como el narcotráfico o la minería ilegal.
La paz, para el Gobierno, lo atraviesa todo. La ley define la Paz Total como una política “prioritaria” y “transversal” para el Estado, en todos los niveles y sectores de la administración. Cada ministerio deberá definir los componentes de una política pública al respecto y el presidente Gustavo Petro podrá convocar a un Gabinete de Paz cada dos meses para articularlas. La continuidad de las políticas públicas deberá ser garantizada por los diferentes gobiernos. “Tienen el deber de concluir aquellas políticas que sean fijadas por administraciones precedentes”, dice el texto.
Ese punto refleja un consenso que se ha generado en las últimas décadas respecto a que todas las dimensiones del Estado son necesarias para enfrentar la violencia. Es necesario un Estado “robusto”, con políticas de educación, cultura y hasta de construcción de carreteras y de provisión de Internet. Hay una relación entre las luchas por el poder de grupos armados y la ausencia del Estado. Algunos sectores del crimen organizado han obtenido legitimidad al ofrecer servicios que la población no tenía.
Una de las dudas centrales es si en las negociaciones entrarán los miembros de las FARC que retomaron las armas tras firmar el acuerdo de paz de 2016. Hay polémica sobre la posibilidad de incluir a La Segunda Marquetalia que lidera Iván Márquez.
El senador Humberto de La Calle, que fue negociador jefe del Gobierno de Juan Manuel Santos para la paz, considera que involucrar a los disidentes implica premiar a quienes incumplieron el acuerdo. “Es un pésimo mensaje para los centenares de guerrilleros que han venido firmemente cumpliendo el acuerdo de La Habana, porque pueden decir que a lo mejor hubiera sido preferible incumplir”, expresó en septiembre.
El senador presentó una proposición para excluir explícitamente de los diálogos a los desertores, pero no fue incorporada. El ministro del Interior, Alfonso Prada, replicó que la Paz Total debe incluir a todas las “expresiones de violencia”. Para el Gobierno, la proposición del exnegociador de Santos hubiese generado un efecto “demoledor” para la Paz Total: “Hay algunas estructuras que de no incorporarlas dejan a medio país en un baño de sangre”.
La Cámara de Representantes también dio este debate y votó en contra de una proposición similar. No obstante, las contradicciones entre el ministro del Interior y el coordinador de los ponentes, el gobiernista Alirio Uribe (Polo Democrático), fueron evidentes. Uribe negó que el texto actual permita cobijar a figuras como Iván Márquez y argumentó que varias leyes impiden incluir en los procesos a quienes hayan cometido delitos posteriores al acuerdo de paz. Según el congresista, los guerrilleros que “deshonraron” el proceso de paz pierden los beneficios implicados y pasan a ser sujetos de la justicia ordinaria.
La ley aclara varios puntos del entramado para negociar. Algunos son ya conocidos de negociaciones anteriores. Incluyen la suspensión de las órdenes de capturas de los voceros y negociadores de los grupos armados y la entrega de armas de forma anónima a cambio de un incentivo económico. También contemplan la eventual concentración de los miembros de los grupos en lugares específicos, como hicieron las FARC en el Caguán en el fallido proceso con el Gobierno de Andrés Pastrana o las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) en Santafe de Ralito durante la administración de Álvaro Uribe.
