El recorte de personal en copropiedades, especialmente en el área de porterías, y en otros sectores como el gastronómico y hotelero debido a la automatización de funciones, está generando un fuerte impacto social, económico y legal en Colombia. Así lo advirtió la abogada Brenda Díazgranados, especialista en derecho laboral, en entrevista exclusiva con Extra Noticias y Radio Tropical. Según explicó, la implementación de sistemas tecnológicos para reemplazar trabajadores no solo afecta a las familias que dependen de estos empleos, sino que también plantea retos para las empresas en cuanto a las obligaciones legales que deben cumplir.
Díazgranados recordó que la reforma laboral vigente, en su artículo 57, contempla de manera expresa la necesidad de que el Estado lidere políticas de transición frente a la automatización. Estas deben ser permanentes, preventivas y adaptativas, en coordinación con el SENA y el Ministerio de Trabajo. Aunque la norma no impone obligaciones directas a las copropiedades, sí establece que deben garantizar una “transición justa”, lo que implica liquidar e indemnizar correctamente a los empleados afectados y, además, orientarlos hacia las rutas de reconversión laboral que ofrece el Estado.
En este sentido, la abogada subrayó que no existen tiempos definidos para implementar dichas transiciones. El proceso, señaló, está todavía en etapa de construcción, lo que deja un margen de incertidumbre tanto para empleadores como para trabajadores. Sin embargo, fue enfática al afirmar que ninguna copropiedad puede desconocer los derechos de sus empleados, muchos de los cuales cuentan con más de 20 años de servicio. “Si bien se pueden terminar los contratos, deben hacerlo de manera justa, respetando las liquidaciones e indemnizaciones”, puntualizó.
La especialista también denunció que algunas copropiedades estarían intentando disfrazar las desvinculaciones mediante nuevas formas de contratación, con el objetivo de evadir pagos legales. Esta práctica, según Díazgranados, pone en riesgo la estabilidad de trabajadores de larga trayectoria y abre la puerta a posibles demandas laborales. “Las normas están claras y deben cumplirse”, sostuvo.
El análisis de la abogada no se limitó al sector de la copropiedad. También advirtió sobre el impacto de la reforma laboral en sectores como el gastronómico y hotelero, donde predomina el trabajo nocturno. Explicó que, a partir del 25 de diciembre de 2025, la jornada nocturna comenzará a las 7:00 p.m. y no a las 9:00 p.m., lo que incrementará los costos para los empleadores. Esta medida, aunque busca proteger a los trabajadores, podría provocar una reducción en el número de empleos formales.
Otro punto clave resaltado por Díazgranados es que los derechos laborales son irrenunciables. Por tanto, no es válido que un trabajador llegue a un acuerdo con su empleador para renunciar a las horas extras o a otros beneficios. Cualquier documento en ese sentido carecería de validez jurídica y expondría a las empresas a sanciones del Ministerio de Trabajo.
Finalmente, la abogada señaló que el reto también recae en las autoridades. Reconoció que el Ministerio de Trabajo enfrenta limitaciones de personal para realizar labores de inspección y vigilancia, pero aseguró que con la entrada en vigor de la reforma se están buscando alternativas para reforzar los controles. “Seguramente vendrán visitas focalizadas en los sectores más impactados, porque el espíritu de la reforma es garantizar los derechos de los trabajadores”, concluyó.
