El abogado Fernando Borda, en diálogo exclusivo con Extra Noticias, Radio Tropical y Transmecar Radio, se refirió a la resolución que anuló la elección de Leyton Barrios como rector de la Universidad del Atlántico. Borda aseguró que dicha resolución tiene presunción de legalidad y advirtió que los miembros del Consejo Superior que participaron en la designación podrían enfrentar consecuencias fiscales y penales.
El pronunciamiento se da luego de que el Comité Electoral de la institución declarara nulo el nombramiento de Barrios, una decisión que ha intensificado la polémica que rodea su elección desde el inicio del proceso, marcada por la división entre los distintos sectores universitarios y el rechazo de la comunidad estudiantil.
El abogado explicó que la controversia se desarrolla dentro del marco de la autonomía universitaria consagrada en el artículo 69 de la Constitución. “En principio, tenemos que decir que en el caso de las universidades, no solamente la Universidad del Atlántico, sino todas las universidades del país, inclusive privadas, existe un artículo constitucional, que es el 69, que habla de la autonomía universitaria. Entonces, esa autonomía universitaria la utilizan los actos administrativos que tienen que ver con el manejo de las universidades públicas”, precisó Borda.
En ese sentido, el jurista enfatizó que ambos actos —el del Comité Electoral y el del Consejo Superior— tienen presunción de legalidad, aunque se contradicen entre sí. Según explicó, el origen del conflicto está en la documentación presentada sobre los requisitos del rector electo, la cual fue “ambigua” y generó interpretaciones que podrían haber retrasado o afectado las decisiones administrativas.
Borda también señaló que el Consejo Superior deberá resolver de fondo la situación, pero cualquiera que sea la decisión traerá consecuencias. “Ellos van a perder con sello y van a perder con cara. Porque si dejan al señor y desconocen lo que acaba de hacer el Comité de Escogencia, entonces van a tener un problema bien grave con el Comité, con el Ministerio de Educación y con la Fiscalía”, manifestó.
El abogado advirtió que, de confirmarse que el acto que permitió el nombramiento del rector fue irregular, los cinco miembros del Consejo Superior que votaron por él podrían enfrentar sanciones penales o disciplinarias. No obstante, si el Consejo decide acoger la decisión del Comité y retirar a Barrios del cargo, también se expondrían a procesos administrativos por desconocer actos con presunción de legalidad.
Finalmente, Borda recordó que, según los estatutos de la Universidad del Atlántico, el Comité Electoral es el órgano competente para tomar decisiones dentro del marco de la autonomía universitaria, aunque estas deben ser debatidas y definidas por el Consejo Superior. “Ese es un acto administrativo que goza de presunción de legalidad. Pero tiene que ser debatido ante el Consejo Superior. El Consejo Superior, que ya nombró al señor Leyton, tiene que decidir de fondo sobre ese acto administrativo de ese comité en el marco de la autonomía universitaria. Y ahí es donde yo le digo, pierden con cara y pierden con sello”, concluyó.
