Una crisis que pocos quieren ver. Cuando cuidar se vuelve insostenible: la crisis silenciosa de la seguridad privada en Colombia
La seguridad privada en Colombia atraviesa uno de los momentos más críticos de su historia reciente. Una crisis que no siempre ocupa titulares, pero que se vive todos los días en porterías, garitas, cuartos de control y conjuntos residenciales. Una crisis que tiene nombre propio: el aumento desproporcionado del salario mínimo y sus efectos colaterales no calculados.
Nadie discute que el trabajador merece un salario digno. Nadie cuestiona la importancia de mejorar las condiciones de vida de miles de vigilantes que, día y noche, cuidan lo que con tanto esfuerzo las familias han construido. Sin embargo, cuando las decisiones económicas no vienen acompañadas de medidas de transición, apoyo sectorial o análisis realistas, el resultado puede ser devastador.
Hoy, proteger se está volviendo insostenible.
1. El aumento salarial: una buena intención con consecuencias dolorosas
El incremento del salario mínimo en Colombia, calificado por muchos sectores como exagerado y desproporcionado, impactó de manera directa a uno de los sectores más intensivos en mano de obra: la seguridad privada.
A diferencia de otros sectores, la vigilancia no puede automatizarse completamente, no puede “optimizarse” sin tocar personas, y no puede absorber aumentos abruptos sin trasladarlos a sus clientes. Cada vigilante representa no solo un salario, sino recargos nocturnos, dominicales, festivos, seguridad social, prestaciones, dotaciones y supervisión.
Cuando el salario mínimo aumenta de forma significativa, el efecto es inmediato:
Los costos de las empresas de vigilancia se disparan.
Las tarifas a las copropiedades suben de manera abrupta.
En muchos casos, los incrementos superan el 35% o incluso el 40% del valor del contrato.
Y ahí comienza el verdadero problema.
2. Copropiedades atrapadas entre la seguridad y la quiebra
Las copropiedades no son empresas con grandes utilidades. Son comunidades de familias, adultos mayores, trabajadores, pensionados, personas que ya sienten el peso del costo de vida.
Cuando una copropiedad recibe una notificación de aumento del 30%, 35% o 40% en el servicio de vigilancia, no hay magia posible:
Las cuotas de administración no alcanzan.
Los presupuestos aprobados en asamblea quedan desbordados.
El hueco financiero se vuelve inevitable.
Entonces llegan las decisiones más dolorosas:
Reducir vigilantes, aun sabiendo que eso implica menos control y más riesgo.
Eliminar turnos nocturnos o refuerzos en horarios críticos.
Reemplazar personas por cámaras, aun sabiendo que una cámara no reacciona, no decide y no protege vidas.
La seguridad deja de ser tranquilidad y se convierte en angustia.
3. El impacto humano: vigilantes despedidos, familias afectadas
Detrás de cada contrato reducido hay un rostro. Detrás de cada vigilante despedido hay una familia. Detrás de cada recorte hay historias de hombres y mujeres que durante años cuidaron comunidades enteras y hoy quedan sin empleo.
Las empresas de seguridad, asfixiadas financieramente, no siempre despiden porque quieren, sino porque no pueden sostener nóminas infladas por decisiones externas. Muchas se ven obligadas a:
Terminar contratos laborales.
Reducir personal operativo.
Cerrar operaciones en algunas regiones.
O, en el peor de los casos, desaparecer.
El resultado es paradójico y doloroso:
Se sube el salario para proteger al trabajador.
Pero se termina dejando sin empleo a miles de ellos.
4. Una amenaza silenciosa a la seguridad ciudadana
Menos vigilantes significa menos control, menos prevención y más oportunidades para el delito. Las copropiedades con menos recursos quedan expuestas, mientras que solo las más solventes pueden pagar los nuevos costos.
Esto crea un escenario peligroso:
La seguridad se vuelve un privilegio.
La desigualdad se profundiza.
El delito encuentra espacios donde antes había control.
La seguridad privada, que ha sido un complemento fundamental de la seguridad pública, empieza a debilitarse justo cuando más se necesita.
5. ¿Quién está pagando realmente el precio?
Hoy el precio lo están pagando:
Los vigilantes despedidos.
Las empresas de seguridad al borde de la quiebra.
Las copropiedades financieramente ahogadas.
Las comunidades que viven con miedo.
Y lo más grave: nadie parece escuchar el grito silencioso del sector.
6. Reflexión final: proteger no debería ser un lujo
Colombia necesita decisiones económicas responsables, humanas y equilibradas. Incrementar salarios sin medidas de acompañamiento sectorial no es justicia social, es improvisación con consecuencias graves.
La seguridad privada no pide privilegios. Pide equilibrio. Pide diálogo. Pide políticas que protejan al trabajador sin destruir el empleo, que dignifiquen sin quebrar, que cuiden sin dejar desprotegidos a quienes cuidan.
Porque cuando proteger se vuelve insostenible, todos quedamos en riesgo.
Escrito por:
Jorge Enrique Hernández Alonso
