El Supersalud, Giovanny Rubiano García, recordó a jueces, EPS, IPS y demás actores del sistema de salud, acatar las disposiciones constitucionales y legales vigentes que protegen estos recursos.
Bogotá, octubre 1 de 2025. Así lo afirmó el Superintendente Nacional de Salud, Giovanny Rubiano García, luego de las denuncias de un medio de comunicación sobre lo que presuntamente sería una nueva modalidad para desviar recursos de la salud en el país, mediante mandamientos de pago ordenados judicialmente a una EPS con medida de intervención.
El Supersalud, Giovanny Rubiano García, pidió a todas las EPS la lista de prestadores que embargan los recursos de la salud y presionan a las EPS, mediante decisiones judiciales, el pago de las deudas acumuladas en vigencias anteriores.
“He pedido a las EPS detallar el listado de las IPS que embargan los recursos de la salud, a sabiendas de que no se trata de un simple embargo, sino de la afectación del flujo de recursos a toda la red prestadora”, dijo el Superintendente de Salud.
La inembargabilidad de los recursos destinados a la salud está fundamentada en lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley Estatutaria 1751 de 2015, el artículo 182 de la Ley 100 de 1993, el artículo 2.6.4.1.4 del Decreto 780 de 2016, y la jurisprudencia constitucional vigente (incluida la Sentencia T-760 de 2008 y recientes pronunciamientos).
Así mismo, lo han dispuesto en circulares otros organismos de control como son la Procuraduría General de la Nación y la Contraloría General de la República y el mismo Ministerio de Salud. De igual forma, la Corte Constitucional ha señalado que el principio de inembargabilidad busca garantizar el flujo oportuno de recursos hacia los prestadores del servicio, proteger la sostenibilidad del sistema y asegurar que el interés general prevalezca sobre intereses particulares, evitando que decisiones judiciales o administrativas comprometan el derecho fundamental a la salud.
El Supersalud, Rubiano García, reiteró a jueces, entidades públicas y privadas, EPS e IPS y demás actores del sistema, la obligación de acatar la normatividad que ampara la inembargabilidad de estos recursos, ya que las medidas judiciales no pueden paralizar el funcionamiento del sistema ni impedir el acceso efectivo a los servicios de salud.
