El anuncio del presidente Gustavo Petro de decretar el próximo martes 18 de marzo como día cívico en Colombia ha generado una ola de reacciones en distintos sectores políticos y sociales. La medida, tomada en el marco de una jornada de movilizaciones en respaldo a las reformas sociales impulsadas por su Gobierno, ha sido duramente criticada por la oposición, mientras que funcionarios cercanos al Ejecutivo la defienden como un acto en favor de la democracia.
Oposición rechaza la decisión presidencial
Uno de los primeros en reaccionar fue la senadora del Centro Democrático, María Fernanda Cabal, quien, a través de su cuenta en la red social X, cuestionó la legalidad de la medida y sugirió que podría ser utilizada para presionar a los empleados públicos.
“Un día cívico no es un día festivo. Petro no tiene la facultad para obligar a los empresarios a cerrar sus negocios. ¡La verdadera democracia respeta la libertad de trabajar sin imposiciones! Seguro ya amenazaron a los empleados públicos con que o marchan o les quitan el contrato”, escribió Cabal.
En la misma línea, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, dejó claro que en la capital antioqueña las actividades gubernamentales seguirán con normalidad.
“El martes 18 de marzo los servidores públicos de Medellín trabajaremos con normalidad. No detendremos las instituciones educativas, Buen Comienzo, los servicios de salud, EPM ni ninguna otra institución pública”, afirmó. Además, enfatizó en la necesidad de mantener la estabilidad económica del país: “Que siga creciendo la economía. Que se sigan generando miles de empleos de buena calidad y bien pagos. No existe mejor política social que la generación de empleo”.
Críticas desde el Concejo de Bogotá
Desde la capital, concejales como Daniel Briceño y Papo Amin también se sumaron a los cuestionamientos. Briceño, magíster en análisis político y electoral, calificó la medida como un reflejo de la debilidad del Gobierno.
“El gobierno Petro es tan débil que tiene que decretar día cívico el martes 18 de marzo para que la gente salga a marchar a su lado. Ellos saben que si no es así, con plata, buses, refrigerios, conciertos y estupideces la gente no les camina”, escribió.
Por su parte, Amin comparó esta jornada con la del 19 de abril de 2024, cuando también se decretó día cívico en el marco de movilizaciones progubernamentales.
“Día que lo declara así para intentar que las calles no se vean vacías por la falta de apoyo a sus caprichos y reformas. Qué vergüenza da usted como Presidente, Gustavo Petro”, expresó el concejal.
Los trabajadores, la opinión más importante
Más allá del debate político, algunos trabajadores han manifestado su preocupación por el impacto económico que podría traer la medida. Alejo Lopera, docente de inglés, hizo un llamado al mandatario para que considere las dificultades de quienes dependen de su labor diaria.
“Gustavo, queremos y NECESITAMOS trabajar. Por favor, comenzá a pensar en un país que tiene que producir. En el papá que tiene que llevar comida a casa desde la informalidad. No todos tienen un contrato donde sí o sí les pagan el día. Comenzá a pensar en Colombia de verdad, Gustavo”, expresó.
Funcionarios del Gobierno respaldan la jornada
Frente a las críticas, miembros del Gobierno han defendido la convocatoria. Edwin Palma, ministro de Energía, llamó a la ciudadanía a participar en las movilizaciones, resaltando que el objetivo es impulsar las reformas sociales.
“Tenemos que ser un gobierno que ejecuta, que cumple, pero que también organiza y moviliza como nos orienta el Presidente”, afirmó.
César Pachón, presidente de la Agencia de Desarrollo Rural (ADR) y exsenador del Pacto Histórico, también respaldó la decisión del Ejecutivo, asegurando que la molestia de los opositores responde a que se está brindando espacio para la movilización ciudadana.
“Les molesta que Petro declare un día para el pueblo que quiere movilizarse”, comentó en sus redes sociales.
Un país dividido ante la medida
La declaración del día cívico ha generado una fuerte controversia, evidenciando una vez más la polarización en torno al Gobierno de Gustavo Petro. Mientras la oposición lo ve como una maniobra política para forzar la movilización a favor de las reformas, el oficialismo lo defiende como un acto legítimo para garantizar la participación ciudadana.
El próximo 18 de marzo, las calles serán el escenario donde se reflejará el impacto de esta decisión y la respuesta del país ante el llamado del presidente.
