“Valoramos la decisión del Gobierno Nacional de firmar el decreto que ordena la suspensión del cese al fuego bilateral con el Estado Mayor Central, de las disidencias de las Farc, como consecuencia del ataque indiscriminado contra la población civil en Toribío, Cauca”, expresó el Defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis.
Sin embargo, el Defensor consideró precisar que: “Hemos advertido en un número importante de oportunidades que los ceses bilaterales, tal como fueron acordados, en realidad se han convertido en una ventaja para los grupos armados al margen de la ley, ya que han venido fortaleciendo su accionar, expandiendo su control y dominio territorial y poniendo en grave riesgo a la población”.
El hecho, ocurrido en el sitio conocido como La Bodega, zona rural del municipio, dejó como saldo el fallecimiento de la lideresa indígena y adulta mayor Carmelina Yule Pavi, autoridad del resguardo indígena del pueblo Nasa en Toribío, quien se encontraba reunida en el lugar con integrantes de su comunidad cuando fueron víctimas de tan cobarde ataque armado, que también dejó dos personas heridas.
Lo sucedido, que se constituye en una grave infracción al derecho internacional humanitario, fue repudiado por el Defensor. “Así mismo, el nuevo ataque del Estado Mayor Central es la consecuencia de la falta de condiciones estrictas y verificación efectiva de los ceses al fuego. Por tal razón, es urgente revisar los efectos que está generando la estrategia de ceses bilaterales del Gobierno”, llama Carlos Camargo Assis.
El nuevo suceso de alteración del orden público se suma al incremento de más del 300% en las cifras del reclutamiento forzado de niñas, niños y adolescentes en el país, que especialmente ha afectado al departamento del Cauca y sus comunidades indígenas.
“Recalcamos lo indicado en nuestras Alertas Tempranas 005 de este año y 036 del 2023 y sus posteriores oficios de consumación: es imperativo que las organizaciones armadas ilegales respeten el derecho internacional humanitario, especialmente los principios de proporcionalidad y precaución, así como de distinción, teniendo en cuenta que en la actualidad sus ataques parecieran estar dirigidos contra la población civil, como forma de presión para que las comunidades no permitan la presencia estatal, especialmente de la fuerza pública en zonas rurales”, señala el Defensor del Pueblo.
Camargo Assis también reiteró el llamado a los grupos armados ilegales a demostrar con acciones de no agresión su buena voluntad para que los diálogos de paz prosperen: “Con la finalidad de evitar que se siga incrementando la vulneración de derechos humanos en el país”.
Finalmente, con la suspensión del cese al fuego, solo para tres departamentos (Nariño, Cauca y Valle del Cauca), es necesario recordar los vasos comunicantes entre los grupos armados, las franquicias que se negocian y los fenómenos de delincuencia por encargo, que van más allá de aspectos de división geopolítica. “Habría que declarar una suspensión del cese al fuego total hasta tanto los grupos armados ilegales muestren una voluntad real de querer hacer la paz”, puntualizó el Defensor del Pueblo.
