Air-e intervenida detectó 418 transformadores instalados ilegalmente en el 2024
- En operativos se encontró que 13.436 usuarios estaban conectados de manera antitécnica a las redes eléctricas y no estaban registrados en el sistema comercial de la compañía.
- Santo Tomás, Tubará, Sabanagrande y Zona Bananera, las poblaciones identificadas con mayor número de transformadores ilegales.
Un total de 418 transformadores instalados ilegalmente fueron detectados por parte de personal especializado de Air-e intervenida en los departamentos de Atlántico, Magdalena y La Guajira en 2024.
Estos equipos fueron colocados sin autorización de la compañía para alimentar clientes residenciales, comerciales e industriales, ocasionando pérdidas económicas por $8.590 millones al año, lo que representó $715 millones mensuales y más de
$23 millones diarios.
Adicionalmente, esta práctica ilegal pone en riesgo la prestación del servicio de energía y la seguridad de los clientes que reciben el servicio desde estos equipos que no estaban registrados en la empresa.
Del total de los 418 transformadores instalados ilegalmente, en los últimos cuatro meses de 2024 fueron detectados 210, lo que refleja la grave problemática de personas que insisten en manipular la red eléctrica para evadir el pago real del servicio de energía.
Cabe mencionar que, con la energía hurtada, que correspondía a 9.8 Gigavatios hora/mes, podría suministrársele electricidad a 3.288 familias de estratos 1 y 2 en una ciudad como Barranquilla.
De acuerdo con los ingenieros encargados de detectar transformadores ilegales, los municipios de Santo Tomás, Tubará y Sabanagrande (Atlántico), y Zona Bananera (Magdalena) son las poblaciones con el mayor número de hallazgos. Dentro de las revisiones se logró determinar que estos equipos no cumplían con las normas técnicas y, además, carecían del certificado RETIE (Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas), lo que representaba un grave riesgo para las comunidades.
Dentro de las acciones adelantadas se encontró también que 13.436 usuarios accedían al servicio de energía en forma “pirata”, es decir, se conectaban a la red directamente sin tener contrato, lo que implica que no recibían la factura en sus casas o establecimientos comerciales.
