El Senado y la Cámara de Representantes dieron luz verde al proyecto económico del Gobierno de Abelardo De la Espriella durante la madrugada del 20 de octubre. Las cuentas para la próxima vigencia contemplan recursos para funcionamiento del Estado, inversión pública y servicio de la deuda, en medio de las preocupaciones por el déficit fiscal.
El Congreso de la República aprobó el Presupuesto General de la Nación para 2027, aforado en $634,9 billones, con lo que el Gobierno del presidente Abelardo De la Espriella obtuvo una de sus primeras victorias legislativas. La iniciativa superó su último debate en la Cámara de Representantes durante la madrugada de este martes 20 de octubre, después de recibir el respaldo del Senado.
La aprobación se produjo dentro del plazo constitucional establecido para definir las cuentas del Estado del próximo año. En la Cámara, el proyecto obtuvo 112 votos a favor y uno en contra, mientras que en el Senado recibió 57 votos favorables y dos negativos, según los reportes sobre la votación.
El monto aprobado representa un incremento frente al presupuesto de 2026, que se situó en $555,8 billones. La discusión estuvo marcada por la necesidad de garantizar recursos para las obligaciones del Estado y, al mismo tiempo, responder a las dificultades fiscales que enfrenta el país.
La distribución de los recursos constituye uno de los puntos centrales del presupuesto. De acuerdo con la información publicada por EL PAÍS, de los $634,9 billones aprobados, cerca de $393 billones se destinarán al funcionamiento del Estado, $147 billones al servicio de la deuda y alrededor de $95 billones a inversión pública.
En cuanto a los sectores sociales, las cifras reportadas por Reuters señalan asignaciones de $93 billones para educación y $81,6 billones para salud. Defensa contará con $74,9 billones. La distribución también contempla modificaciones en partidas relacionadas con la implementación del Acuerdo de Paz de 2016, entre ellas reducciones para la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD).
Uno de los asuntos que genera mayor atención es el déficit fiscal. Las proyecciones citadas por Reuters ubican este indicador en el 9,4 % del producto interno bruto (PIB) para 2027, una situación que mantiene la presión sobre las finanzas públicas y plantea interrogantes sobre la capacidad del Gobierno para financiar sus compromisos.
Ante este panorama, el Gobierno ha anunciado una futura ley de ajuste fiscal, con la que busca reducir el déficit y reorganizar el gasto público. Sin embargo, el alcance de las medidas y su impacto sobre los programas estatales dependerán de las decisiones que se presenten y de su posterior discusión legislativa.
La aprobación también estuvo acompañada de cuestionamientos desde sectores de la oposición por la financiación de programas sociales, la educación superior y las entidades vinculadas a la implementación del Acuerdo de Paz. Estas diferencias reflejan el debate sobre cuáles deben ser las prioridades del gasto público en un contexto de restricciones fiscales.
Con la aprobación del presupuesto, el Gobierno obtiene un respaldo legislativo importante para definir sus prioridades económicas en 2027. El siguiente desafío será convertir las apropiaciones aprobadas en inversión efectiva, garantizar la financiación de las obligaciones estatales y avanzar en el control del déficit sin comprometer la prestación de servicios esenciales.
