Los educadores agrupados en Adea denunciaron grave deterioro en los servicios que les presta el contratista Fomag en la Clínica General del Norte y pidieron acciones inmediatas a la Superintendencia de Salud.
“El trato es indigno” aseguró el presidente del gremio de los educadores en el Atlántico, Alberto Ortiz Saldarriaga, quien exigió a la mencionada clínica revisar sus políticas de atención a los usuarios.
Hay que señalar que la Clínica General del Norte se ha ganado un jugoso contrato para atender a los profesores de a los departamentos de San Andrés, Magdalena, Atlántico y La Guajira.
“Lo que ocurre es que el contrato con la clínica terminó y se dio una prórroga de seis meses, pero uno pensaría que dicha prorroga y la proximidad de una nueva contratación iban a posibilitar que la atención en salud de los maestros mejorase y resulta que empeoró. Estos meses desde la prorroga han sido terribles en materia de atención, citas con especialistas y en entrega de medicamentos. Muchos de nuestros docentes están siendo sometidos a unas presiones excesivas por parte de la Secretaría de Educación Distrital con fuertes cargas laborales y uno de ellos arremetió contra las instalaciones de la clínica ubicada en Los Andes. Es un llamado de atención porque esto puede escalar muchísimo peor de lo que ocurrió. Y esto se resuelve fácilmente si la clínica deje de jugar con la salud de los maestros”, dijo el dirigente gremial.
Para Alberto Ortiz Saldarriaga, la farmacia de la sede de Los Andes debería llamarse “El Pendiente”. “A una persona le recetan cuatro medicamentos y siempre quedan pendientes uno o dos y le dicen a los docentes o a sus familiares que regrese después por lo que las personas han optado por comprar con sus propios recursos los medicamentos y uno no sabe si lo facturan o no. Los maestros están muy inconformes y pienso que la Clínica debería revisar su política porque le firmaron un contrato que cuesta 1,2 billones anuales”.
La Junta Directiva de la Asociación de Educadores del Atlántico emitió un comunicado de prensa que señala que “frente a la reiterada deficiencia en la prestación de servicios médico asistenciales a los docentes y a sus núcleos familiares, por parte del contratista del Fomag en esta sección del país, se permite rechazar enérgicamente el tratamiento atentatorio contra la dignidad humana al que venimos siendo sometidos”.
Y agrega que: “La injustificada dilación en la asignación de citas con especialistas y en las autorizaciones para procedimientos, así como en la entrega de medicamentos, violentando precisas disposiciones contractuales, debe dejar de ser de una vez y para siempre una constante”.
“Aun cuando no compartimos y rechazamos el uso de la violencia, tampoco podemos desconocer o sustraernos al hecho que los altos niveles de estrés laboral al que están siendo sometidos muchos de nuestros compañeros, aunados a la desesperación que puede generar que no se brinde atención oportuna a problemas prioritarios de salud, puede estar constituyéndose en una bomba de tiempo que solo puede desactivarse con el otorgamiento de respeto hacia los derechos de los pacientes y con el cese inmediato, por el prestador, de conductas que pueden ser asumidas por los usuarios como formas de burla al goce y disfrute de una atención de calidad”, se señala en el comunicado de prensa.
“Previendo situaciones violentas como la que lamentablemente se ha presentado en la sede Andes, hemos venido insistiendo, formalmente, en la solicitud de apertura de espacios para el diálogo con directivos de la Clínica del Norte, llamados qué han sido desatendidos de la misma forma como en muchas ocasiones han sido ignoradas sistemáticamente las solicitudes de resolución de problemas puntuales y graves elevadas por directivos ante funcionarios del prestador de servicios”.
“En la última Junta Directiva Ordinaria se acordó adelantar una encuesta que sirva de insumo para ser presentado a Fecode y Fomag como evidencia acerca de la insatisfacción generalizada con el servicio, situación que debería ser tenida en cuenta frente a futuros procesos de contratación”.
Por último, se afirma que la salud es un derecho constitucional y fundamental y no una mercancía.
