El presidente de la Red de Veedurías de Colombia, Pablo Bustos, anunció que la denuncia penal ya interpuesta por la presunta entrega de dineros del narcotráfico a la campaña presidencial de Gustavo Petro será llevada ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes. El anuncio lo hizo en entrevista exclusiva con Extra Noticias, Radio Tropical y Transmecá Radio, donde además pidió a la Fiscalía General de la Nación celeridad y rigor en el avance de las investigaciones.
Bustos explicó que la denuncia no se dirige contra una sola persona, sino contra lo que calificó como “la corrupción y las campañas electorales capturadas por dineros ilícitos”, advirtiendo que este tipo de prácticas representan una amenaza directa a la democracia y podrían repetirse en futuros procesos electorales. Según señaló, los hechos denunciados tendrían conexión con el proceso electoral inmediatamente anterior y con señalamientos que ya se habían hecho públicos con anterioridad.
En ese contexto, confirmó que la denuncia involucra de manera concreta a Juan Fernando Petro, hermano del presidente, a quien —según Bustos— alias Pipe Tuluá atribuye la recepción de dineros provenientes del narcotráfico. De acuerdo con el veedor, en los audios y documentos mencionados se indicaría que estos recursos habrían sido recibidos sin los soportes legales correspondientes y que existirían registros de transacciones que estarían en poder de autoridades judiciales de Estados Unidos.
El presidente de la Red de Veedurías afirmó que, según lo expuesto en el material revelado, los presuntos aportes ilícitos no solo habrían tenido como finalidad influir en el resultado de la campaña presidencial, sino también “capturar o cooptar entidades del Estado”, incluyendo instituciones del sector financiero y organismos como la DIAN. Bustos relacionó estos señalamientos con denuncias previas conocidas como los Petrovideos, que —según dijo— fueron expuestos incluso antes de la posesión del actual mandatario.
Bustos también hizo referencia a las visitas a centros carcelarios que, según su versión, habrían sido realizadas por Juan Fernando Petro y miembros de su entorno, con el fin de obtener apoyos económicos y políticos desde sectores ilegales privados de la libertad. En ese marco, sostuvo que estos hechos amplían el alcance de la denuncia y refuerzan la necesidad de que las autoridades evalúen el impacto real de estas presuntas conductas en el proceso electoral presidencial.
Finalmente, el dirigente veedor indicó que la decisión de acudir a la Comisión de Acusaciones responde a la necesidad de que se investigue el proceso “por las cabezas”, al considerar que, si la campaña estuvo comprometida por dineros ilícitos, debe esclarecerse la eventual responsabilidad del presidente Gustavo Petro. Bustos pidió que la Fiscalía actúe sin dilaciones y aseguró que el acompañamiento indirecto de autoridades internacionales podría aportar nuevos elementos para que la investigación avance y se determine si existen responsabilidades penales y políticas en este caso.
