- Tras atender las urgencias médicas de la población migrante no afiliada al sistema de salud, las IPS y empresas sociales del estado vieron afectados sus presupuestos. El Ministerio de Salud y Protección Social expidió una nueva resolución, con la que se podrá cubrir este déficit y sanear las finanzas de estos prestadores.
Bogotá D.C., 30 de septiembre de 2024. Como parte del compromiso del Gobierno Nacional para fortalecer el sistema de salud pública y garantizar su sostenibilidad financiera, el Ministerio de Salud y Protección Social ha asignado327 mil millones de pesos para apoyar a las Empresas Sociales del Estado (E.S.E.) y a las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS) en todo el país. Esta medida se implementa mediante la Resolución 1769 de 2024, que prioriza la asignación de recursos para asegurar la continuidad de los servicios de salud, con especial atención en los territorios más vulnerables.
El ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, expresó: “Nuestro gobierno está comprometido con garantizar la salud de todos los colombianos y mejorar las capacidades de nuestros hospitales públicos. Esta inversión es una muestra de nuestra voluntad de fortalecer el sistema público y asegurar una atención de calidad para todos los ciudadanos, especialmente en las regiones más necesitadas”.
Distribución de recursos a nivel nacional
Los 326.926 millones de pesos se distribuirán a lo largo de 30 departamentos y 6 distritos certificados en salud, beneficiando a 659
E.S.E. e IPS. Estos recursos son fundamentales para aliviar las deudas generadas por la prestación de servicios a la población migrante no asegurada, pero sobre todo, para continuar fortaleciendo la infraestructura y la capacidad de atención de los hospitales públicos. La distribución de los fondos se realizará de la siguiente manera:
- 404 S.E. recibirán $299.489 millones.
- 251 IPS privadas recibirán $23.939 millones.
- 4 IPS mixtas recibirán $3.498 millones.
Compromiso con la mejora de la salud pública
El Gobierno Nacional ha priorizado a las E.S.E. ubicadas en capitales departamentales y otros municipios claves, donde el impacto de la atención a migrantes ha sido mayor. Sin embargo, el énfasis sigue siendo el fortalecimiento de la red hospitalaria pública, para asegurar que estos centros continúen mejorando sus capacidades de respuesta y mantengan su sostenibilidad en el tiempo.
En total, 24 departamentos, incluyendo Antioquia, Valle del Cauca, Atlántico, y Norte de Santander, recibirán recursos significativos para mejorar sus servicios de salud. Estos departamentos han demostrado ser críticos en la atención a población migrante y en la prestación de servicios de urgencias. A su vez, 6 distritos certificados, como Bogotá, Medellín y Cali, también recibirán una asignación considerable, garantizando que los principales centros urbanos del país sigan brindando atención de calidad.
El caso del Hospital San José de Maicao: un modelo de gestión eficiente
Uno de los ejemplos más notables de este compromiso es la E.S.E. Hospital San José de Maicao, el centro asistencial más grande de mediana y alta complejidad en La Guajira. Este hospital ha recibido 32.220 millones de pesos, utilizados para fortalecer su infraestructura médica, formalizar a 62 trabajadores y liderar el proyecto de equipos de atención integral, que han atendido a 36.000 personas en 450 comunidades Wayuu, con un enfoque en la desnutrición infantil y el cuidado de mujeres gestantes y adultos mayores.
El doctor Larry Javier Laza, agente interventor del hospital, destacó: “El compromiso del Gobierno Nacional ha sido crucial para mejorar la atención en nuestra región. Gracias a estos recursos, hemos logrado llevar atención de calidad a miles de personas que antes no tenían acceso adecuado a servicios de salud”.
Hacia una salud sin barreras
Esta inversión se enmarca en el esfuerzo del Gobierno por impulsar la transformación al sistema de salud, que busca no solo mejorar la infraestructura y el funcionamiento de las E.S.E., sino también garantizar condiciones laborales justas para los trabajadores de la salud, lo que redundará en una mejor atención para todos los pacientes.
La reforma incluye medidas para garantizar una administración transparente de los recursos públicos destinados a la salud, y fomenta la participación activa de la ciudadanía en la toma de decisiones. El objetivo es consolidar un sistema de salud pública más robusto, eficiente y equitativo.
